El proyecto, que tendrá entrada este jueves en la sesión ordinaria se denomina “Proyecto de ley por la que se regulan funciones del Tribunal de Cuentas y se establece el juicio de responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos y otros”.
“Se busca fundamentalmente acabar con la impunidad de los funcionarios públicos, entidades y empresas que defraudan bienes públicos provocando una lesión patrimonial al erario, a través de un juicio de responsabilidad patrimonial expedito, claro, sencillo y con todas las garantías del debido proceso para la recuperación de los fondos públicos defraudados”, señaló el parlamentario colorado.
Agregó que otro fin de la mencionada propuesta es terminar con la práctica extendida de eludir el control de la Contraloría General de la República a través de acciones judiciales (acciones de inconstitucionalidad) ante la Corte Suprema de Justicia.
También intentará diferenciar la jurisdicción y competencia del Tribunal de Cuentas del Tribunal en lo Contencioso Administrativo.
Impedirá el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y entidades que administran indebidamente fondos públicos que debieron ser utilizados para la consecución de los objetivos del Estado.