Roberto Irrazábal
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La asunción al poder del nuevo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, genera miedos y esperanzas en el sector de la sociedad civil que vela por los derechos humanos. El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) dio sus puntos de vista.
–¿Cómo ven las organizaciones de derechos humanos al nuevo gobierno de Mario Abdo Benítez?
–En líneas generales nosotros tenemos la percepción de que el nuevo Gobierno encarna la continuación de muchas de las políticas iniciadas o profundizadas con Horacio Cartes, especialmente, en las cuestiones estructurales, como las que tienen que ver con la política económica y el modelo de desarrollo, con cuestiones que, si bien en principio aparecen fuera de la agenda de los derechos humanos, son factores que determinan los derechos de la gente. Pero por otro lado, también vemos con optimismo el anuncio del ministro del Interior de profundizar una investigación con relación al tema Curuguaty, que sigue siendo importante para la sociedad por la falta de esclarecimiento de los hechos.
–¿Aún no hay una valoración clara de lo que será este gobierno, basada en lo que anunció Marito?
–Me parece que hay que esperar un poco más para ver el desarrollo de las acciones de las políticas de este gobierno como para tener una valoración plena de lo que van a ser estos cinco años. A nosotros, como Codehupy, hay cuestiones que nos preocupan centralmente y que fueron mencionadas en el discurso, como por ejemplo la instrumentación política de la Justicia con fines de persecución. Creemos que es algo que ha generado muchísimo daño a la institucionalidad del país y ha desembocado en una violación generalizada del debido proceso en determinados casos, que creemos nosotros que tienen que ser planteados abiertamente y discutidos en relación a ello. Nuestra opinión tiene que ver con garantizar la independencia de los operadores de Justicia como tal.
–¿Qué otro punto les llamó la atención del discurso?
–El otro elemento que nos parece clave y que va a marcar el éxito o no de las nuevas políticas de este Gobierno tiene que ver con el combate a la corrupción. Si bien se habla mucho al inicio de cada gobierno, es muy poco lo que hemos visto, y en opinión de Codehupy, tanto la falta de independencia del Poder Judicial como la corrupción en la administración pública, hoy día son factores claves que impiden la realización y protección de muchos derechos humanos. Si en estos cinco años no tenemos políticas claras que reformulen la política económica y haga que el modelo de desarrollo sea más compatible con los derechos de la gente, si no tenemos una política clara que preserve a la Justicia de las injerencias políticas y la corrupción, creemos que no será satisfactorio como para calificar positivamente los próximos cinco años.
–¿Cómo miran desde las organizaciones, en especial los afectados por la dictadura, el vínculo del presidente con el stronismo, por su historia familiar?
–Es un tema que desde el comienzo ha generado opiniones. Nosotros creemos que al presidente no se lo puede condenar por sus vínculos de sangre u origen familiar, pero sí se lo puede criticar si él no asume como jefe de Estado, hoy día, una política y posición clara de rechazo a las violaciones de derechos humanos que hubo durante la dictadura, y que en función a ello, hay un mandato que se ha dado. En ese sentido, la percepción que tenemos desde Codehupy es que a lo largo de la campaña electoral y sus intervenciones, él no ha manejado claramente una postura frente a las violaciones de derechos humanos que hubo durante la dictadura, y este es un dato que desde luego preocupa porque también puede traducirse en determinadas políticas que sean incompatibles con las reparación de las víctimas y la memoria histórica, que son cuestiones que debemos preservar y trabajar fuertemente. Así es que, en función de gobierno, habrá que ver cuál es el itinerario que sigue en estos temas que aún están pendientes, y que tienen que ver con las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, o las medidas de reparación que aún deben ser adoptadas y, principalmente, las políticas que se hacen a la memoria histórica de lo que ocurrió durante la dictadura... Allí sabremos su verdadera vocación, más allá de sus lazos familiares.
–¿Cómo ven la postura de mantener la ley de militarización del Norte del país?
–Nuestra opinión es pública sobre la intervención de las fuerzas militares en el contexto de la lucha contra los grupos armados, mediante la ley sancionada a principios del gobierno anterior. Creemos que es inconstitucional, y de hecho hoy día existen acciones de inconstitucionalidad que fueron admitidas en contra de la ley, que si bien no han sido resueltas lo serán en algún momento. A nosotros nos parece que es importante poder resolver, porque más allá de las actuaciones específicas que haga la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), su legalidad en democracia es importante, y en nuestra opinión y de un amplio sector, el marco jurídico no les otorga facultades a los militares para intervenir en cuestiones de seguridad interna.
–¿Y en cuanto a las actuaciones de la FTC?
–Hemos observado situaciones críticas de abuso, en términos de violar la integridad personal de las personas. Incluso, hay evidencias e informaciones de intervenciones que han costado la vida a presuntos miembros de estos grupos, donde la fuerza pública ha actuado sin ningún tipo de reparo en la función que tiene, que es el actuar conforme a la ley, buscando en primer lugar preservar la vida de las personas para someterlas eventualmente a la Justicia. Nos parece que hay que revisar estas actuaciones, no se pueden basar políticas públicas en el terrorismo de Estado porque eso lo único que va a hacer es agravar la situación que se quiere confrontar.
–¿Cómo ve los escraches?
–Es una forma de interpelación al poder público que puede permitir en muchos campos sanear la administración del Estado, y el Gobierno, en ese sentido, creo que tiene que entender que la ciudadanía movilizada ejerce un derecho legítimo.