“No tendré un solo guaraní para las fiestas; trabajé incansablemente y me entristece profundamente que la institución a la cual entregué parte de mi vida me cierre las puertas”, fueron las primeras palabras en tono de queja pronunciadas por Carlos Reineiro Rodas Zaracho, ex director del Correo Paraguayo, quien promovió una acción de inconstitucionalidad contra su jubilación obligatoria.
Comentó que se pasó trabajando 43 años en la institución; sin embargo, el 15 de marzo de 2016, a través de la Resolución N°1068, que acuerda la jubilación obligatoria, se lo desvinculó de sus funciones, ya que había cumplido los 23 años y 7 meses de servicios, de conformidad a lo que menciona el artículo 1° de la Ley 4252/2010.
“Estuve 43 años trabajando en el Correo Paraguayo y sigo estando óptimo para seguir; es por eso que planteé la acción de inconstitucionalidad”, expresó muy conmovido. Añadió que a pesar de que ya cuenta con 65 años, se considera una persona sana física y mentalmente.
“Me parece discriminatoria la Ley 4252/2010, ya que no toma en cuenta nuestro desempeño profesional, sino más bien menoscaba. Además, resulta contradictoria a lo que dice la Constitución Nacional”, explicó el denunciante.
acción de inconstitucionalidad. Los ministros de la Corte Suprema, Miryam Peña, Gladys Bareiro de Módica y Antonio Fretes, hicieron lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por Rodas y resolvieron, el 30 de agosto de 2016, que se le reponga en el cargo que ocupaba o en uno similar. Los mismos argumentaron que no se le puede imponer obligatoriamente la jubilación en razón de haber cumplido 65 años.
Pero, a pesar de dicha medida judicial, el Correo Paraguayo aun no cumplió con lo resuelto.
Tampoco Rodas cobró su salario como jubilado, ya que el ente público no notificó su exclusión de la planilla de sueldos a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, según manifestó.
“No recibo remuneraciones desde hace siete meses a causa de la negligencia del Correo. No encontré predisposición por parte del director general, por lo que presentaré una denuncia por desacato a una orden judicial”, señaló.
Finalmente, añadió que envió múltiples resoluciones de urgimiento a la institución para que le reponga al cargo, a lo que el director general Ángel Pintos Balbuena respondió: “Se está dando curso a los trámites administrativos para dar cumplimiento a la normativa legal correspondiente”, según señala el escrito.
Por otra parte, intentamos comunicarnos con Pintos Balbuena, en reiteradas ocasiones, pero su teléfono móvil se encontraban apagado.