Para titular de Caja Bancaria, no hubo tal billonario desvío

El actual presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, José Antonio Caballero, quien tiene un proceso por lesión de confianza, –donde la jueza Cynthia Lovera se opuso a extinguir la acción– sostiene que la ley establece un plazo de un año para reabrir la causa y que esta se reabrió once días después de ese periodo.

La magistrada se negó a extinguir la causa que investiga un presunto desvío de más de G. 2 billones y en la cual la propia fiscala Stella Mary Cano estuvo de acuerdo en que el caso termine porque, supuestamente, se reabrió fuera de plazo.

Por ello, la jueza Lovera envió a la Fiscalía General para que acuse o confirme la solicitud de Cano, no sin antes criticar fuertemente su posición. Mencionó que la interpretación de la fiscala es “insensata” y “absurda”.

NIEGAN. El presidente de la Caja Bancaria dio su versión a ÚH; entiende que sí debe extinguir la causa, ya que el artículo 25 del Código Procesal Penal dice que esto se debe dar si, tras el sobreseimiento provisional, no se ordena la reapertura de la causa dentro del plazo de un año.

Pero sobre todo niega que exista hecho punible. Sostiene que la Fiscalía hizo solo una “suma y resta” con relación a los gastos del 2015 y los del 2019, sin tener en cuenta la cantidad de población nueva que ingresó en esos años.

“La Fiscalía no tiene un caso donde hay un hecho punible. El hecho de adquirir servicios médicos no es hecho punible. Solo hicieron una suma y resta y apareció un daño patrimonial. No se tomó en cuenta el crecimiento de la población de jubilados y que eso establece un crecimiento en el costo y la suba del tipo de cambios, la suba de salarios”, apunta Caballero.

Sostiene que la acusación del Ministerio Público es “descabellada” e “irracional”.

“Los trabajos de los peritos fueron desacertados. Habíamos presentado recusación y de igual forma fueron a dar la pericia”, menciona.

Alega que esta causa es una persecución a los beneficios de tener un seguro médico de categoría para los jubilados y pensionados.

“En este caso en particular es de persecución de algunos compañeros que perdieron en dos elecciones. Ellos mismos hicieron una denuncia”, cita Caballero.

En sus cuadros estadísticos se percibe un crecimiento de más de 150 titulares de servicios médicos por año, teniendo que abonar más en excesos de gastos médicos y otros seguros.

EN LA CAUSA. Los procesados en esta causa –aparte de Caballero– son José Caballero, Miguel Ramón Oro, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Alberto Hamuy.