Hace ocho días que el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, ordenó el inicio de la construcción del Corredor Bioceánico, que comprende el tramo Carmelo Peralta-Loma Plata, cuyas obras incluso ya se iniciaron hace varios meses.
Sin embargo, el Consorcio Corredor Vial Bioceánico, integrado por la brasileña Queiroz Galvão SA y la paraguaya Ocho SA, aún no concretó el cierre financiero del plan, es decir, todavía no obtuvo el crédito de más de USD 400 millones de UBS Securities LLC (EEUU), que es el monto comprometido por la mencionada entidad para costear la nueva carretera.
Como se trata de un proyecto bajo la ley 5074, más conocida como llave en mano, la contratista debe conseguir el empréstito internacional para financiar la ejecución de la infraestructura vial, lo cual oficialmente no se concretó.
Es más, el cierre financiero está nuevamente atado a una adenda que se firmará en los próximos días. “Falta firmar una adenda donde se establecerán plazos (de la obra) y lo que debe decir en los bonos que va a emitir su banco, para seguridad de los financistas”, expresó ayer a este diario Jorge Vergara, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe) del MOPC.
Por lo pronto, la contratista logró una financiación de USD 50 millones de tres bancos locales (Regional, Continental y BNF) para iniciar las obras, solo para hacer el anuncio oficial. Llamativamente, Wiens dio la orden de inicio del corredor bioceánico sin que se asegurare la financiación total de la obra. Recordemos que Ocho A tiene cercanías con el Gobierno de Mario Abdo Benítez, pues la empresa pertenece a la familia del asesor económico y concuñado del jefe de Estado, Luis Alberto Pettengill Castillo.
Luis Pettengill Vacca, dueño de Ocho A, explicó ayer a este diario que la financiación ya está asegurada y que el martes 26 de febrero estarán viajando a Nueva York para el cierre financiero.
El corredor bioceánico fue adjudicado en marzo del año pasado por USD 443,4 millones; sin embargo, el Estado terminará pagando USD 746 millones, puesto que la diferencia de USD 302 millones corresponde a los intereses del financiamiento.
