La demanda penal la había presentado ella por exacción a finales de agosto y reclama que hasta ahora no hay imputación en el caso por parte de la fiscala anticorrupción Victoria Acuña.
“No puede simplemente porque dejó el cargo quedar impune, porque sería nuevamente una señal muy preocupante de nuestra débil democracia y del funcionamiento tan deficitario del sistema de Justicia”, expresó Vargas.
EXACCIÓN. Para entender mejor, según el Código Penal, la exacción se refiere cuando “el funcionario encargado de recaudación de impuestos, tasas y otras contribuciones que, a sabiendas: recaudara sumas no debidas; no entregara total o parcialmente lo recaudado a la caja pública; o efectuara descuentos indebidos”.
En este caso, lo que se denuncia es que Godoy cobraba desde el 2019 a objetores de conciencia, llegando a percibir G. 2.000 millones, siendo que la obligación de pagar se aplica únicamente a aquellos que fueron declarados objetores antes de que entre en vigencia Ley 4013, en el 2010.
Según la denuncia, quedan exceptuados como objetores los que dejaron constancia de su objeción ante el Congreso, en fechas antes de esa ley.