La crisis política desatada tras conocerse el acta bilateral firmada en forma secreta por representantes del Paraguay y del Brasil, con perjuicios para los intereses de nuestro país, tuvo ayer su efecto más contundente con la forzada renuncia de cuatro altos funcionarios del Gobierno: el canciller, Luis Castiglioni; el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero; el director paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete; y el recientemente nombrado presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Alcides Jiménez.
El fuerte impacto sufrido por el Gobierno ante las protestas y las movilizaciones ciudadanas, las críticas de sectores políticos y otros, así como de las intenciones de activar mecanismos para impulsar un juicio político en el Congreso al propio presidente, Mario Abdo Benítez, como principal responsable de la cuestionada negociación que muchos consideran “entreguista” a favor de los intereses del Brasil, se empezó a sentir en la noche del domingo, cuando el entonces aún canciller Luis Castiglioni ofreció una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, donde informó oficialmente que el Gobierno paraguayo ya había solicitado al del Brasil dejar sin efecto el acta firmada el pasado 24 de mayo.
La situación mostró así la incapacidad gubernamental para defender y explicar lo que en principio habían presentado como “el primer gran triunfo” del Paraguay en la negociación sobre la energía de Itaipú con el Brasil. En la mañana de ayer, esa incapacidad de enfrentar la crisis se agudizó, cuando antes de la convocatoria de una sesión extraordinaria del Senado, en la que estaba prevista una especie de interpelación a los cuatro altos funcionarios considerados como los principales responsables de la pésima negociación con el país vecino, el presidente Abdo Benítez acabó aceptando las renuncias y destituyendo de sus cargos a los mismos, evitando de este modo una mayor exposición ante los legisladores y la opinión pública.
Si bien las renuncias ayudan a descomprimir la tensión política, no la desactivan. Esta es la mayor crisis y a la vez la mayor barrida de altos miembros del Gobierno de Abdo Benítez, a pocos días de cumplir su primer año en el Poder Ejecutivo. Aun así, las cámaras de Diputados y de Senadores mantienen sus posturas críticas y han aprobado la creación de una Comisión Bicameral de Investigación para estudiar a fondo lo que ha ocurrido.
No alcanza con las renuncias ni con el pedido ante el Brasil de anular el acta para resolver la crisis de credibilidad. El efecto más grave de esta situación es que se ha instalado una desconfianza mucho más grande en la ciudadanía ante las acciones del Gobierno, especialmente ante la anhelada renegociación del Tratado de Itaipú, prevista para el 2023. Si el Gobierno ha empezado cediendo en secreto ante los intereses del Brasil en un acta bilateral, ¿qué esperar ante el desafío más grande?
El Ejecutivo debe aprender de lo ocurrido y rectificar su modo de hacer las cosas. Debe empezar a convocar a un equipo técnico y político de primer nivel, por encima de colores partidarios, para encarar la renegociación del Tratado, con total transparencia y participación ciudadana. De lo contrario, nada habrá cambiado.