MRA: Hermano de intendenta usa víveres como propaganda

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La familia de la intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, goza de privilegios dentro de la Comuna. Eso pasa con su hermano, Osmar Aranda, quien realiza el papel de distribuidor de los víveres que en el último mes la intendencia compró para repartir por la pandemia del coronavirus. Existen 20.000 kits que la jefa comunal debe repartir a los sectores más humildes y dicho rol lo dio al hermano, que lo usa como plataforma para su precandidatura a concejal distrital.

Júnior, como le dicen al hermano menor de Aranda, recaló en la Municipalidad de la mano de su hermana, y actualmente no figura en la nómina de funcionarios, pero aparentemente hace años le habrían inventado un rol en la cantina del Municipio.

En esta pandemia, viene ejerciendo el rol de distribuidor de los víveres que se pagó con dinero público, en varios puntos de la ciudad.

La responsabilidad que se da al hermano no pasaría de ser una tarea de funcionario, aunque no figure como tal, pero evidentemente es para apuntalar su precandidatura a concejal de la ciudad. De hecho, otro de los que apadrinan dicha intención es el diputado Marcelo Salinas, su cuñado, con el que se lo ve desde los últimos meses de 2018, en una foto que refiere al lanzamiento de la candidatura de Osmar.

El abierto uso de los víveres para obtener rédito político y aprovecharse de la necesidad es una práctica antigua entre los partidos tradicionales, que vuelve a instalarse pese a que no se está en periodo electoral. Los kits alimenticios son repartidos preferentemente entre sus simpatizantes.

Los colorados no son la excepción dado que la Junta, presidida por el concejal Julián Vega, avaló la compra de víveres que tendría sobreprecio.


Edil reclama auditoría de la CGR
El concejal de la ciudad de Mariano Roque Alonso Andrés Caballero señaló en su cuenta de Facebook con relación a la publicación de los víveres y el presunto sobrecosto de los mismos. Advirtió que la Contraloría General de la República (CGR) hace oídos sordos a los reclamos.
“La Contraloría General tiene la palabra. Y no solo en este caso. Desde la Junta Municipal no tenemos respuesta de la Contraloría a nuestro pedido de no fiscalizar solo el 2019, sino que se amplíe a los años 2016, 2017 y 2018, y no solo sobre los recursos del Fonacide y royalties, sino también sobre la ejecución de ingresos genuinos y sobre “obras realizadas”, dijo.
Señaló que el último pedido para que se realice la auditoría data de mayo. Lamentó que la cuestionada administración comunal tenga intenciones de continuar hasta el 2023.


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