La obra se había otorgado a la firma de Talavera y Ortellado SA (Tocsa SA) por G. 434.866 millones (USD 69 millones al cambio actual) y el trayecto abarca desde el km 450 (Villa Choferes) hasta el km 525 (Mariscal Estigarribia).
Se consultó sobre la anulación al ministro Wiens, pero no respondió las llamadas ni los mensajes. A través de la Dirección de Comunicaciones, la institución señaló que la adjudicación se revocó “para analizar el punto que se planteó en una protesta que se realizó ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)”.
Asimismo, dicho departamento informó que ahora el proceso se retrotrae y que las ofertas están en el Comité de Evaluación del MOPC para una reevaluación. Sin embargo, no aclara los puntos que fueron cuestionados.
Según figura en el portal de la DNCP, la empresa EDB Construcciones (de Enrique Díaz Benza) impugnó la adjudicación, pero Contrataciones Públicas aún no dictaminó sobre el caso. Empero, la entidad ordenó vía resolución –con fecha del 13 de diciembre– “la apertura del procedimiento para la sustanciación de la protesta”, lo cual está en curso.
Llamativamente, Obras Públicas anuló la adjudicación en cuestión sin que la DNCP se expida aún sobre la impugnación que fue presentada por EDB Construcciones. Según trascendió, hubo serios errores en la evaluación de las ofertas, por lo que finalmente fue anulado.
Vale señalar que la empresa Tocsa presentó la oferta más barata en esta licitación y EDB presentó una propuesta por G. 457.323 (USD 72,5 millones); es decir, USD 3 millones más cara.
Se le consultó a José Díaz Benza, directivo de EDB, sobre los motivos de la impugnación y señaló que detectaron un problema en la parte técnica, “específicamente en el cemento que debía poner (Tocsa) para la ruta, según las especificaciones”, pues “ni siquiera pusieron el mínimo de suelo que se exigía –que era 119 kg/m3– por lo que debían haber sido eliminados”.
SOSPECHAS DESDE EL COMIENZO. Recordemos que la recepción de las ofertas de esta licitación se realizó luego de una polémica modificación que realizó el MOPC al pliego de la licitación –a través de una adenda con fecha del 4 de noviembre– y disminuyó las exigencias para los participantes.
Concretamente, Obras Públicas modificó los indicadores del índice de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) que de 1,50 se bajó a 1,10, con lo cual se pudo facilitar la participación de empresas que no calificaban por sus índices de endeudamiento.
El ingeniero Marcelo Pizurno, titular de la Gerencia de Vialidad y Caminos Vecinales de la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC, quien autorizó dichos cambios, señaló en su momento a este diario que la adenda se efectuó por el pedido de varios oferentes, justamente para aumentar el número de participantes.
Pizurno tampoco quiso opinar ayer sobre la anulación de la adjudicación que se dio en estos días.
obras. Los trabajos del lote 7 abarcan diferentes elementos de la carretera, en función del entorno en que se encuentre la vía, como ser pavimentos de la calzada y las banquinas, drenajes (alcantarillas, cunetas, etc.), elementos de seguridad vial como señalización horizontal y vertical, elementos de contención y el derecho de vía, es decir, equipamientos, áreas verdes, entre otros.
Están contempladas, además, la ampliación de un puente existente de hormigón armado de 30 metros en el km 473,5 y obras complementarias como pórtico para señalización, revestimiento vegetal en taludes, dársenas para parada de buses, iluminación en rotondas e intersecciones, entre otras obras.
La reconstrucción total de la Transchaco tendrá un costo final de unos USD 670 millones, financiado por BID, CAF y contrapartida local.
Ya se adjudicaron los trabajos correspondientes a los tramos 3 y 4, que incluyen los lotes 5, 6 y 8, sumando más de 200 km, que es prácticamente la mitad de toda la extensión de la ruta a ser mejorada, según datos del MOPC. No se sabe cuando se definirá la adjudicación del lote 7 que se maneja con hermetismo.