La directora de Desarrollo Educativo del (), Zulma Morales, informó que en un principio se detectó la omisión del proceso que se tenía que haber dado tras la denuncia de en la institución educativa, por lo que el colegio desde ese momento comenzó a subsanar ciertos aspectos con relación a la seguridad, la protección y los espacios.
Asimismo, indicó que la intervención concluye ahora con sugerencias de carácter pedagógico y administrativo que también serán de cumplimiento obligatorio, como la conformación de un plan directivo y la reorganización institucional, además de recreos diferenciados entre los niños y adolescentes.
La funcionaria mencionó que se detectaron ocho puntos importantes en los que se dieron recomendaciones y sugerencias de carácter obligatorio, con procesos semestrales y un plazo de seis meses para el cumplimiento.
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Sin embargo, la vuelta a las clases presenciales de todos los estudiantes queda a cargo de los directivos de la institución, ya que un grupo se encuentra bajo la modalidad de clases online. La casa de estudios ya había informado que reforzaron la seguridad con más cámaras y guardias.
La Dirección General de la Niñez del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) había tomado intervención luego de un presunto caso de abuso sexual en contra de un menor de 6 años por parte de un estudiante de 15 el pasado 26 de abril. Otros dos menores habrían actuado de cómplices.
Poco después, la Fiscalía dio a conocer que había otra víctima de abuso sexual y que se trataba de un niño de 7 años, cuyo caso ocurrió antes que el primero.
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Después de todo lo sucedido, la directora y otras dos docentes de la institución educativa fueron imputadas por violación del deber del cuidado, frustración de la persecución y ejecución penal, y violación de la Ley 6202, que adopta normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
Este viernes un Tribunal de Apelación revocó la prisión preventiva que pesaba sobre las tres imputadas por el caso denunciado y que tomó estado público.
Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.