El doble discurso es una de las características de un Gobierno que trata de aparentar ser celoso de la protección de los bienes públicos, pero no adopta drásticas medidas con respecto a los que se apoderan de lo que no les pertenece. Los discursos rimbombantes son solo disfraces de una inoperancia fácilmente asimilable a la complicidad.
Nada hay más pernicioso en una sociedad que la ausencia de castigo para los que detentan el poder y, prevalecidos de él, aumentan su patrimonio personal a través de maniobras dolosas que tienen la finalidad de acrecentar sus ingresos.
Las evidencias demuestran todos los días que existen modestos funcionarios públicos que ostentan una fortuna que por métodos legales jamás puede ser alcanzada. La repentina prosperidad que logran pone al desnudo la descarada práctica de no contentarse con robar: también hay que mostrar a propios y extraños sus frutos. No se pretende decir con ello que la discreción sea menos grave.
La cadena de confabulación colectiva es la que facilita la comisión de los ilícitos en contra del patrimonio del Estado, que es propiedad de toda la ciudadanía. Los que están en los eslabones inferiores actúan de puentes para que se cometan los hechos irregulares. Es el mecanismo más perfecto porque todos, en la medida en que sus posiciones lo permiten, forman parte de la cadena delictiva. El amparo del silencio, por lo tanto, está asegurado.
El negociado de las semillas de algodón es el más claro ejemplo de cómo se siguen montando esquemas disfrazados de ayuda a los campesinos, cuya finalidad verdadera es tomar la parte de león del emprendimiento. Con iniciativas rotuladas de loables por algunos sectores, se ganan la complacencia de la opinión pública y, con ese escudo, facturan para su beneficio. El daño que causan les tiene sin cuidado.
Cuando se descubre el entuerto, los largos tentáculos del poder mueven las piezas de su influencia para dar la sensación de que la Justicia toma cartas en el asunto, cuando que el verdadero objetivo es blanquear a los verdaderos responsables de los hechos de corrupción.
Desde esa perspectiva, es comprensible que las investigaciones estén en manos de un fiscal del Medio Ambiente y no del de Anticorrupción Arnaldo Giuzzio. Tal es el caso del negociado de las semillas de algodón.
Hasta ahora, el combate a la corrupción no pasa mucho del nivel del discurso. Lo que la ciudadanía honesta espera es que las investigaciones lleguen a los verdaderos culpables y que éstos no solo devuelvan lo robado, sino que purguen una condena en la cárcel.