El doctor Pablo Lemir, quien examinó los cuerpos luego de la exhumación de los mismos el sábado, reveló que parte de las evidencias que fueron destruidas luego del apurado entierro hubieran sido fundamentales en el marco de la investigación.
En comunicación con Radio Monumental, Lemir admitió que le sorprendió que hayan destruido las prendas que vestían las dos niñas, que podrían determinar la distancia de los disparos y despejar las dudas que existen.
“No sabía que se destruyó la vestimenta. Sí pudo servir para determinar otras cosas, como la distancia de disparos”, se sinceró el médico.
Este estudio podría ser determinante para despejar una de las dudas que se generaron en el operativo, sobre todo la versión de abogados que aseguraron que la escena fue montada y que las menores fueron ejecutadas.
“No hay ninguna posibilidad de que hayan hecho ningún tipo de enfrentamiento; esas niñas de 11 años no pueden cargar los fusiles, no pueden andar enfrentándose con ningún grupo de militares; ellos armaron ahí y desde un comienzo supieron que no le mataron a Magna Meza ni a ninguna otra persona mayor”, había expresado la abogada Daisy Irala.
El manto de duda se extendió por la decisión del fiscal Federico Delfino de destruir la ropa de las fallecidas, aduciendo el protocolo de inhumación de cadáveres por el Covid-19. “Se tomaron muestras de ellos y por la cuestión del Covid automáticamente se tienen que destruir; antes de eso, se hicieron tomas fotográficas”, confirmó el fiscal.
En opinión de Lemir, sin embargo, hay formas de conservar las evidencias para que sirvan a la investigación.
LA EDAD. El jefe forense del Ministerio Público también se volvió a referir a otra de las polémicas que se desataron en torno al caso, que es la edad de las niñas. Ambas tenían 11 años, con solo unos meses de diferencia.
Con esto contradijo lo que había afirmado su colega, el doctor Christian Ferreira, de Yby Yaú, quien aseguró que las fallecidas tenían entre 15 y 18 años: “El primer cuerpo que se encontró antes del campamento tendría unos 18 años. El cuerpo recibió 6 impactos de bala, dos en el glúteo lado derecho, uno en la región axilar derecha, uno en el tórax, y dos en la pierna izquierda”, comenzó diciendo el médico para luego agregar: “Mientras que el cuerpo 2 sería menor, tendría alrededor de 15 a 16 años; la misma recibió dos heridas de bala y una de refilón, una bala entró por el cuello lado derecho y la otra en el abdomen”.
En el nuevo procedimiento que se realizó el sábado, luego de la exhumación de los cuerpos, se determinó que una de las niñas tenía 11 años y tres meses y la segunda, 11 años y 10 meses.
La primera tenía un desarrollo físico superior y contaba con 1 metro y 65 centímetros de estatura, mientras que la segunda, medía 10 centímetros menos.
El doctor Lemir afirmó que estaban bien alimentadas y tenían buena dentadura, lo que le hace pensar que llevaban poco tiempo en el monte.
Coordinadora responsabiliza al Estado
Para la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay, el Estado es el principal responsable de la muerte de las dos niñas en Yby Yaú, el pasado miércoles 2 de setiembre, en medio de un confuso operativo realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta.
El comunicado habla de una cadena de omisiones que les costó la vida a las dos niñas de 11 años, muertas en un campamento del EPP, y recuerda que los derechos la niñez tienen carácter prevaleciente.
“El Estado y la sociedad le hemos fallado (…) El Estado, teniendo información de inteligencia, no activó los mecanismos de prevención y protección hacia ellas para cuidarles de todo tipo de violencia o vulneración en sus derechos y, una vez muertas, tampoco las reconoció como víctimas y no dictó medidas de protección para la restitución de sus derechos vulnerados. Por lo tanto, el Estado paraguayo es el principal responsable en esta cadena de omisiones que costó la vida de ambas niñas”, indica parte del extenso comunicado que se dio a conocer ayer.
CDIA también realizó un reclamo sobre el gasto que supone la presencia militar en la zona Norte del país.
Sostienen que desde el año 2013 hay un incongruente gasto en seguridad y defensa, porque no va acompañado de la inversión en las personas, que viven en esa zona del país.
