Redacción|HORA DEL ESTE
Leguizamón asumió el domingo, tras presentar una resolución firmada por los jueces electorales de Alto Paraná y Canindeyú, Juan Vera Zárate y Francisco Zacarías Cubilla.
La puja por la intendencia del municipio parece haber llegado a su final al menos por esta temporada según lo dijo el nuevo intendente. “Tuve que asumir nuevamente el cargo por que la resolución así lo establece. De todas formas es poco tiempo porque en noviembre se elegirá un nuevo intendente y deberé entregar el puesto”, indicó.
Sostuvo que ingresó a las dependencias de la institución forzando las puertas ya que los funcionarios de Álvarez no entregaron las llaves.
“Como siempre tuvimos inconvenientes para entrar y encontramos algunas irregularidades pero de igual manera el lunes abrimos las puertas al público y todos los servicios se realizan normalmente”, señaló.
Carmen Álvarez renunció al cargo el jueves pasado y tras una sesión de los concejales fue electo como nuevo líder a Robert Melgarejo quien sólo comandó la institución por un día.
PRIORIDADES. Blas Leguizamón dijo que su prioridad durante los cuatro meses que estará en el cargo, es regularizar la situación de los funcionarios. “Nosotros teníamos 250 funcionarios pero con Carmen esa cifra aumentó a cerca de 700 y no hay dinero para pagar a tanta gente” relató.
Refirió que analizarán las transferencias de royalties de la Itaipú Binacional y las recaudaciones de los últimos meses para ver qué aspectos priorizar.
“Estamos verificando toda la situación administrativa para ver la situación real. De acuerdo de nuestra posibilidades iremos por lo menos regularizando el tema de los funcionarios”, añadió.
CUSTODIA. Aunque según el concejal municipal Aniceto López, el conflicto por esta puja parece terminar, el local igual permanece custodiado por la Policía Nacional.
“Hablé con Robert Melgarejo y dijo que ya no crearía inconvenientes. Esperemos que así sea porque mucho daño ya se ocaionó con estos conflictos y la comunidad es la que paga”, manifestó el edil.
Dijo que la custodia policial es para evitar cualquier tipo de conflictos ya que varios funcionarios que trabajaban para Álvarez quedaron fuera de la institución.
“Carmen contrató a muchísima gente a la que no se les puede pagar y no sabemos que puede estar tramando. Estamos atentos a ver que pasa”, acotó López. Hay cerca de 10 efectivos que permanecen frente a la Municipalidad local.