El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) publicó en su página web el 16 de julio pasado una nota en la que expresó su preocupación por el tratamiento del proyecto de Código Monetario y Financiero en los medios de comunicación.
El citado organismo instó a los medios “a la práctica de opiniones éticas que prevengan injustificados temores sociales”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, lamentó “el exabrupto” y señaló que, por experiencia, en Ecuador “esta clase de advertencias terminan siendo el preámbulo de más leyes y mayores restricciones a la prensa”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, precisó que es “usual en Ecuador que el Gobierno acuse de inmorales a los medios, para luego justificar sanciones que no se resuelven por el tema de la ética sino con fuertes condenas civiles y penales”.
El pronunciamiento de Cordicom ha generado “desconcierto y alarma” en la prensa local, ya que el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el próximo 10 de agosto, contempla el delito de “pánico financiero”, al que de manera indirecta alude el organismo oficial en su advertencia a los medios.
Este delito sanciona a los responsables con penas de prisión de cinco a siete años.
La SIP coincidió con la posición de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) sobre el hecho de que la advertencia de Cordicom es un “velado llamado a que los medios de comunicación ejerzan censura previa en informaciones y opiniones relacionadas con ese tema”.
Tanto la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Declaración de Chapultepec, consignan que las trabas a la difusión de información, la censura y la censura previa se oponen directamente a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.
Asimismo, en estos documentos se refleja que la “ética periodística está definida y reservada a la conducta exclusiva de periodistas y medios y no puede ser impuesta desde afuera de la profesión”, apuntó la SIP, con sede en Miami.
La SIP rechazó, por “inapropiada”, la “injerencia” del Cordicom en los criterios editoriales y la ética periodística.
