La gran mayoría trabaja, se esfuerza para salir adelante junto con su familia en medio de la adversidad que impone un aparato estatal utilizado por un sector de la sociedad que persigue intereses particulares a costa del bien común.
Cada vez que vemos a la familia y los amigos de un enfermo organizar una pollada o tallarinada para financiar los gastos de un tratamiento, un techo de escuela que se cae, una ruta que se descompone a los pocos años de inaugurarse, una sentencia irregular del Poder Judicial o una ley que privilegia a un sector en detrimento de otro, hay detrás conductas corruptas.
La corrupción desvía recursos necesarios para el bienestar de las personas y el desarrollo del país, profundiza las desigualdades económicas, sociales y políticas y corroe la legitimidad del Estado.
Nuestro país necesita avanzar para dejar de estar en los últimos lugares de cualquier ránking internacional, incluido el de Transparencia Internacional que acaba de salir publicado.
Como en años anteriores, Paraguay se encuentra no solo al final de los países de América Latina sino también del resto de los países que se incluyen en la medición.
De los 180 países incorporados en el indicador, Paraguay se ubica en el lugar 144, cerca de República Dominicana, Honduras y México en América Latina y de Kirguistán, Laos, Rusia y Papúa Nueva Guinea del resto del mundo.
El problema de la corrupción no es solo estar en este indicador como uno de los peores países. La consecuencia más importante es que no podemos ir hacia adelante, lo que nos pone en la mayoría de los indicadores sociales, políticos y económicos relacionados con el desarrollo en los últimos lugares.
Solo basta tomar como ejemplo cuatro de ellos: el de Desarrollo Humano, el de Prosperidad, el de Progreso Social o el de Competitividad Global. En todos estamos rezagados.
Si bien una parte importante del problema son los bajos niveles de inversión pública en todas las áreas del desarrollo, otra parte importante se debe a la ineficacia del sector público debido a los sobrecostos o a la mala calidad de la inversión, a las decisiones públicas dirigidas a privilegiar a pequeños grupos enquistados en el poder político y económico o directamente al robo de las arcas del Estado.
Si la gestión pública tuviera como único y principal objetivo el bien común, probablemente otra sería nuestra situación. La ciudadanía tiene que asumir esta condición y emplear todos los recursos disponibles constitucional y legalmente establecidos para imponer su voluntad y exigir el cese de la corrupción.
Los paraguayos y paraguayas nos merecemos otro país porque la inmensa mayoría es honesta, vive de su trabajo y aporta con sus energías y sus impuestos en la construcción de una Nación distinta.