Los escándalos con respecto a la Contraloría General de la República no tienen pausa. Ante la reciente condena del ex titular de dicho ente, Óscar Rubén Velázquez, a 4 años de cárcel por el caso de la secretaria vip, reflotaron las presuntas irregularidades cometidas en el organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio público, en beneficio de la sociedad.
Sin embargo, ya años atrás el primer contralor que estuvo en la mira fiscal fue Daniel Fretes Ventre, quien había sido condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal, aunque posteriormente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de culpa y pena.
Con los votos de los ex ministros liberales Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y Víctor Núñez, argumentando principalmente que existían muchas dudas en el caso, se aplicó la premisa constitucional de “la duda a favor del reo” Según la investigación del Ministerio Público, Fretes Ventre se enriqueció de manera indebida, recibiendo cheques de empresas estatales que eran auditadas por la Contraloría.
Dichos cheques eran depositados en la cuenta personal de Fretes Ventre.
El dinero obtenido de manera indebida era “lavado” en empresas en donde se encontraban como accionistas Rubén y Leonardo Fretes Ventre. Una de esas firmas era la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, sitio en donde mayormente se lavaba el dinero en cuestión, según la fiscal Victoria Acuña.
Coincidentemente, la misma fiscal llevó la causa de Velázquez, a quien logró imponerle una condena contra por lesión de confianza, materializado con el pago de las horas adicionales a tres funcionarios. Además, la ex subcontralora Nancy Torreblanca también fue penada por dos años de cárcel, pero con suspensión de la pena a prueba.
Velázquez decidió renunciar a su cargo luego de saltar a la luz pública las irregularidades.
Esta misma decisión tomó el último contralor, Enrique García, quien desde hace varios años también está en la mira de la Justicia. Pero este decidió dejar la Contraloría ante su inminente destitución en el marco de su juicio político en el Senado por supuestamente autorizar la contratación de la consultora CAE, representada por Norma Martínez y Marcelo Scappini, a los efectos de elaborar el manual de funciones del gabinete, y por los antecedentes del conflicto entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción.
