La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), se mostró preocupada por la “criminalización de las protestas”. Su declaración hace referencia a la imputación de María Esther Roa, del grupo Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache. “El Covid-19 no puede silenciar las voces críticas que reclaman el cese de la corrupción e impunidad. Nadie dice que se violen normas sanitarias, lo que se reclama es la obligación del Estado de garantizar con los protocolos sanitarios el derecho a protestar”, expresó González en un tuit.
Precisó que el Estado de excepción no fue decretado en nuestro país, motivo por el cual las garantías constitucionales siguen vigentes. Insistió que, eventualmente, el Ministerio de Salud “debe sacar un protocolo si sugieren alguna medida excepcional que deben cumplir los manifestantes”.
Roa fue imputada por participar de la caravana contra la corrupción e impunidad el pasado 3 de junio. Existen cuestionamientos hacia la actuación de la Fiscalía, que es pronta en actuar contra quienes se manifiestan pero no así con los multimillonarios robos al Estado.
“La imputación a María Esther Roa es un atropello a los derechos de todos los paraguayos. Podrán imputarnos, pero no lograrán atajar a una ciudadanía que se despertó”, advirtió González.