Buzarquis fue imputado por la firma de un contrato con la empresa italiana Anas sin licitación, por valor de USD 600.000. La diligencia se hizo al mediodía, con la asistencia de la fiscala Victoria Acuña y los defensores José Domingo Almada y Carmelo Caballero.
El ex ministro tiene las siguientes condiciones: comparecencia obligatoria del 1 al 5 de cada mes ante el juzgado; prohibición del cambio de domicilio. Además, deberá comunicar su salida y entrada al país. Igualmente, tiene una caución real sobre un inmueble, por la suma de G. 800.000.000, así como una caución personal de sus abogados Almada y Caballero, por 500 millones de guaraníes cada uno. Con eso, en cauciones, suman G. 1.800.000.000.
Buzarquis explicó que no hubo daño patrimonial, por lo que nunca se pagaron los 600.000 dólares, además de que no pudo usurpar funciones, ya que las actuaciones estaban dentro del organigrama de obras públicas.
El ex ministro señaló que si ahora se pagaba sin que se haya hecho el trabajo, ahí sí habría lesión de confianza, pero ya no era su responsabilidad. La fiscala señaló que por el convenio firmado, ahora la empresa extranjera reclama el pago al país, por lo que habría hecho punible.