Tras el fallo del Tribunal de Apelaciones que ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) publicar la declaración jurada (DDJJ) de bienes y rentas del ministro de Hacienda, Benigno López, y del titular del Banco Nacional de Fomento (BNF), Pedro Daniel Correa, los accionantes, Hugo Portillo Sosa con el patrocinio de Ezequiel Santagada, señalaron que corresponde que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina sobre la publicidad de los documentos.
Esto, acorde con la acción de inconstitucionalidad que había presentado el ex contralor Enrique García para no dar a conocer las declaraciones juradas de funcionarios públicos, como el ex senador Dionisio Amarilla o el ex jefe de Gabinete de la Presidencia de la República Juan Carlos López Moreira, entre otros.
HISTÓRICO. “Yo creo que con este fallo histórico de la Cámara de Apelaciones, con el cual libera la manifestación de bienes de Benigno López y Daniel Correa, evidentemente, sienta un precedente importante para que la Corte Suprema de una buena vez por todas diga que todos los funcionarios públicos tienen que dar a publicidad su declaración”, expresó Portillo Sosa.
El mismo recordó que también solicitó la declaración jurada de Juan Carlos López Moreira, ex jefe de Gabinete de Horacio Cartes, así como la resolución secreta del Banco Central del Paraguay (BCP), donde aprueban pagar USD 4 millones del fondo de garantías de depósito en la liquidación de la Financiera Ara, y por último, dos acciones contra el Consejo de la Magistratura por la sesión reservada que puntuó a candidatos a ministro de la Corte Suprema.
Consideró que al interior del Poder Judicial hay señales positivas, así como negativas, y también señaló al Ministerio Público como institución que cajonea las denuncias contra autoridades como el propio actual titular de Hacienda, de quien señaló inconsistente su declaración.
Señaló, por ejemplo, que López declara ganar menos de lo que gasta, ya que figuran sus ingresos por G. 382 millones y sus egresos por G. 426 millones, además de figurar deudas a su esposa y préstamos hipotecarios sin que declare bienes inmuebles.
El abogado Ezequiel Santagada manifestó que la Contraloría aún no cumplió la sentencia judicial del Tribunal de Apelaciones, ya que el pedido original que presentaron ellos fue sobre las declaraciones juradas de los últimos 20 años de los citados funcionarios públicos en cuestión.