“Haraganes”, “inútiles” o “zánganos”, fueron solo tres de las decenas y decenas de ofensas contra los campesinos que coparon esta semana los grupos de WhatsApp y los muros de Facebook, Instagram y Twitter.
La rabia ciudadana se acentuaba en las primeras horas del día, cuando los miles de labriegos que llegaron hasta Asunción realizaban su marcha por el centro o las principales vías de entrada a la ciudad. Más de uno, respondía a su reclamo con bocinazos, improperios y no faltó aquel que arrojó botellas de agua sin importar el físico de los marchantes, entre los que se encontraban niños por supuesto.
La certeza indiscutible que manejan estos ofuscados ciudadanos es que el pedido de condonación de deuda es porque los campesinos no quieren trabajar. Esta teoría, más producto de la ideología que de la razón, es tan fácilmente rebatible que con solo leer una de las tantas publicaciones de la organización Base Investigaciones Sociales basta y sobra.
Si tan solo toda esta gente que viene reclamando ofuscadamente contra estos campesinos, hiciera el mismo reclamo cuando los sectores más pudientes son beneficiados, evidentemente estaríamos ante una sociedad más justa.
Cuesta entender cómo la gente nunca hizo un solo reclamo cuando el Congreso sancionó la ley que condonó la deuda de los transportistas por unos USD 87 millones. Los mismos que, pese a no pagar un solo guaraní del préstamo del BNF hecho en los 90 y recurrir a “trampas legales” cambiando la razón social, ahora mismo están cobrando un subsidio por cada pasajero que sube a sus buses.
Los mismos que hace poquito recibieron USD 12 millones para comprar colectivos nuevos y tienen un subsidio al combustible, pero que en promedio tiene una recaudación diaria USD 360.000 (calculado en base a 2.000 buses con 414 pasajeros día).
Cuesta más aún entender cómo poquitos se enojaron con el Gobierno cuando anunció que va a vetar cualquier ley que imponga un impuesto a la exportación de soja, cuando pese a que mueven casi el 20% del PIB, los sojeros actualmente solo pagan el 5% por el IVA y ni siquiera pagan una tasa por el reparto de sus utilidades.
Cuando los sojeros cerraron las rutas y caminos capitalinos como medida de presión para no pagar más impuestos, no se escucharon tampoco cuestionamientos. En esos casos los reclamos eran “muy coherentes” porque un gravamen a la exportación “mataría” al productor, el productor que sí trabaja y produce.
Otro de los casos que pasó casi desapercibido fue el salvataje del Gobierno a la Azucarera Iturbe, lo que representó al Estado USD 2,8 millones.
¿Indignación selectiva?