Para el ex presidente de la Cámara Paraguaya de Transporte de Caudales y Seguridad Privada coronel (SR) Aníbal Sapriza, la imputación de los directivos de la empresa Protek es “traída de los pelos”, ya que –según considera– la responsabilidad es individual, en cuanto a la muerte del joven Mauricio Alejandro Benítez Torres, en manos de dos guardias privados de la firma. Indicó además que existe una responsabilidad civil, pero la acción es personal.
“Lo que hizo la Fiscalía es una calamidad, ya que en este caso existen muchos factores externos que incidieron para que el Ministerio Público procese a Luis Fretes y José Joaquín Castillo. Hay muchas cosas que influyeron en esta imputación que no guardan relación con el caso”, expresó.
En otro momento, manifestó que se afecta a “excelentes empresarios” y mencionó que Protek es la única empresa paraguaya en el rubro de seguridad que cuenta con sucursales en el exterior.
“Esta no es una empresa improvisada, no es una empresa de garaje, con la localización del vehículo demuestra la capacidad en el trabajo que hace, lástima que hubo una víctima que se está lamentando ahora, pero vuelvo a insistir que la responsabilidad es personal”, mencionó.
imputación. La fiscala María Teresa Ruiz Díaz, quien ya fue recusada por los abogados de Protek tras la imputación a Fretes y Castillo, argumentó que si bien la ley que regula el funcionamiento de empresas de seguridad (5424/15) faculta a los guardias que trabajan para empresas de seguridad por medios electrónicos a dar respuestas armadas o no con personal de patrulla en vehículos (ver info), considera que esta norma es complementada por la Ley de Armas (4036/10), que establece que las armas deben estar registradas para su tenencia y portación.
La agente del Ministerio Público, a través de informes que pidió a la División de Fiscalización de Empresas de seguridad privada, constató que Monital SRL (Protek) nunca solicitó el carné de portación de armas, requisito fundamental para la tarea que realizaron sus guardias.
Ruiz Díaz imputó a los directivos basándose en el artículo 94, inciso D, de la Ley de Armas: “El que prestare arma de fuego o permitiere su utilización por terceros, sin autorización de la autoridad competente, de cuya conducta resultare un hecho punible, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a diez años”.
Abogados de empresa analizan denunciar a la fiscala
Los abogados de Protek analizan denunciar a la fiscala María Teresa Ruiz Díaz por mal desempeño de sus funciones e ignorancia de las leyes al imputar a Luis Fretes y José Joaquín Castillo, de la empresa Monital SRL (Protek), ya que consideran que es “imposible que los directivos tengan una responsabilidad penal subsidiaria y que se pretenda que vaya a la cárcel el dueño de una empresa cuyos funcionarios se encuentran bajo un marco penal”.
Igualmente, el abogado de los guardias imputados, Gustavo González Planas, refirió que se sorprendió cuando la fiscala utilizó el inciso D de la Ley de Armas en su modificación, para que el hecho sea caratulado como un crimen cuya expectativa va hasta 10 años, sin posibilidad de medidas alternativas.
El lunes decidirán si realizan o no la denuncia, según explicó el abogado.
La jueza Penal de Garantías Rosarito Montanía aún no pudo admitir la imputación a los directivos de Protek, debido a que está pendiente una medida cautelar que fue remitida a la Cámara de Apelaciones.
Una vez que el Tribunal de Alzada resuelva la medida, el expediente volverá hasta el despacho de la jueza que deberá determinar la fecha para la audiencia de imposición de medidas para Fretes y Castillo.