El fiscal Cristian Roig tomó la declaración a cuatro guardias de seguridad de la estancia Pindó en la mañana de este martes, informó el corresponsal de ÚH, Elías Cabral.
El jefe de seguridad, Nazario Portelli, ratificó que fueron varias personas las que atacaron el establecimiento ubicado en la Colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobana, departamento de Canindeyú.
Mencionó que algunos vestían equipos camuflados, estaban encapuchados y portaban armas largas. También recordó que antes del ataque explotaron petardos.
En total fueron reconocidas cuatro personas por parte del jefe de seguridad. Ellas fueron identificadas como: Domingo Coronel, Milciades Coronel, Árnelo Ávalos y Epifanio González.
Si bien no precisó a qué grupo pertenecerían estas personas, en su declaración también dijo que los atacantes portaban banderas verdes con las siglas OLT (Organización de Lucha por la Tierra).
Se presume que fueron unas 150 personas las que tomaron por asalto la parte administrativa de la estancia Pindó, amenazaron a los guardias de seguridad, despojaron de sus armas a los mismos y luego quemaron casas y tinglados y un vehículo del establecimiento.
El ministro del Interior, Francisco de Vargas, expresó días atrás que existen dos asentamientos instalados en la propiedad de más de 4.000 hectáreas. Uno de ellos está a unos 1.000 metros de la administración central del predio. De Vargas cree que serían de ese lugar las personas que atacaron la estancia.
También señaló que la declaración de los ocho testigos será fundamental para individualizar a algunas de las personas que realizaron el ataque y luego emitir una orden de captura. “Si uno procede a un allanamiento masivo y si los responsables no están individualizados, serán puestas en libertad en las 24 horas”, expresó.
Si bien los denunciantes apuntaron a que campesinos de la zona fueron los responsables, la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) negó que hayan participado del suceso.
En la propiedad viven familias campesinas. Ya existe una orden de desalojo que está a cargo del fiscal Lorenzo Lezcano, quien aún no la ejecutó, debido a que existe un protocolo a seguir para efectuar dicha orden.
