En puertas de unas elecciones internas y de cara a unos nuevos comicios generales en abril, para no perder la costumbre, más de la mitad de los pedidos de ampliación que hicieron diversas entidades públicas al Parlamento para el PGN 2023 tienen como destino final engrosar el ya abultado gasto salarial.
Entre las solicitudes presentadas oficialmente se pueden ver diferentes porcentajes de reajustes, que van desde un mínimo del 5% para funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS), pasando al 40% para dactilógrafos de la Corte Suprema de Justicia y llegando incluso hasta un máximo del 55% para funcionarios de Registros Públicos.
Muchos de estos pedidos de ampliaciones fueron aprobados por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo elevó su voz de alarma alertando sobre un posible default.
Las iniciativas parlamentarias generarán un impacto negativo de USD 1.800 millones. El Ejecutivo ya había vetado algunas iniciativas, pero el Congreso rechazó esas objeciones como la ampliación para la Contraloría General y el Congreso Nacional.
Por esta razón, el lunes pasado, el presidente Mario Abdo se reunió con empresarios de distintos sectores para buscar una salida.
Los representantes de diferentes gremios del sector privado criticaron los aumentos promovidos desde el Congreso para el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el 2023 y pidieron cautela a los legisladores, al tiempo de criticar el “populismo político” con esta serie de iniciativas que pueden poner en riesgo la estabilidad económica del país. Pidieron blindar la economía de la política.
Anunciaron conversaciones con los parlamentarios para frenar estas propuestas y “anteponer los intereses del país”. Sin embargo, los legisladores culpan a los propios ministros por los constantes pedidos.