“No hay aparentemente relación entre ellos pero sí una concomitancia que justifica una gran vigilancia”, declaró el presidente, François Hollande, desde la isla de Saint-Pierre-et-Miquelon, donde se encuentra de visita oficial.
La alerta desatada por esos sucesos llevó hoy al Ejecutivo a celebrar una reunión ministerial, con los representantes, entre otros, de Justicia, Defensa, Interior y Asuntos Sociales, así como de la Policía Nacional y la Gendarmería, para revisar la respuesta necesaria.
El Gobierno, entre otros puntos, decidió sumar “entre 200 y 300" agentes en las próximas horas a los 780 que integran ya las patrullas militares del plan antiterrorista “Vigipirate”, que ya había sido reforzado la semana pasada con la vista puesta en las fiestas navideñas.
De ese encuentro partió también la decisión de dirigir de forma prioritaria las patrullas de la Policía y de la Gendarmería a las zonas muy frecuentadas, como los centros comerciales y urbanos, y a las estaciones y redes de transporte.
El Ejecutivo optó además por evitar, en la medida de lo posible, las patrullas estáticas o que un agente trabaje en solitario en las zonas públicas.
“Hay que proteger al público, a los franceses, a pocas horas de la Navidad, pero también a los agentes públicos, objetivos declarados de ciertos movimientos terroristas”, advirtió Valls en una breve declaración una vez finalizada la reunión.
El terrorismo es “el mayor desafío de nuestra época”, pero debe combatirse “con sangre fría” y determinación, para no “ofrecer la victoria del miedo a quienes quieren quebrantar la democracia”, destacó.
Los datos gubernamentales reflejan que en Francia hay 1.200 ciudadanos involucrados en grupos “yihadistas”, que más de 300 están combatiendo en Siria y que 60 han muerto en ese país.
De los tres ataques registrados desde el sábado, los de Joué-lès-Tours y Dijon se perpetraron al grito de “Alá es grande”, pero la Fiscalía ha activado la pista terrorista solamente en el primero, al considerar que el segundo fue obra de un desequilibrado mental.
En Joué-lès-Tours, a 250 kilómetros al sur de París, la Policía se vio obligada a abatir a un joven de 20 años de origen burundés que había entrado con un cuchillo de cocina en la comisaría y había agredido al agente que estaba en la recepción y a otros dos que acudieron en su ayuda.
En Dijon, en el este de Francia, un individuo atropelló el domingo a 13 personas, mientras que en Nantes, en el noroeste, otro hombre arrolló el lunes a una decena de personas en el mercadillo de Navidad, antes de asestarse varias puñaladas.
Un joven de 25 años falleció hoy por las heridas sufridas en el atropello de Nantes, según la Fiscalía, que informó de que el autor del mismo, que se encuentra hospitalizado, no pronunció ninguna proclama de carácter religioso.
El agresor, que no había sido tratado psicológicamente, había mostrado algunos problemas de conducta en las últimas semanas y en su coche se encontró un cuaderno de reivindicaciones en el que criticaba a su familia, a la sociedad y afirmaba temer que los servicios secretos acabaran con su vida.
Seis de las víctimas de Nantes han salido ya del hospital, donde quedan todavía tres heridos graves.
El Ejecutivo se esfuerza por convencer de que no ha “minimizado” esta sucesión de ataques, tal y como afirma el partido ultraderechista Frente Nacional (FN), que le acusa de no estar a la altura de la dimensión de la amenaza.
“Tomemos los hechos, miremos lo que dice el Estado Islámico, que en sus llamamientos recurrentes a través de internet apela a luchar contra los sucios franceses, según dice, apuñalándolos, tal y como se hizo en Joué-lès-Tours, o atropellándolos, como sucedió curiosamente en Dijon y Nantes”, comparó el vicepresidente del FN, Florian Philippot.
