La fiscala Teresa Martínez se reafirmó en su acusación contra el doctor José Luis Insfrán, a quien imputó por la presentación y uso de documentos falsos en el marco de una licitación para la tercerización del servicio de nefrología del Instituto de Previsión Social (IPS).
La representante de la Justicia entiende que el médico conocía que los papeles que componían la carpeta de presentación de las ofertas estaban fraguados, si bien también acepta que algunas de las firmas de Insfrán que aparecen en las hojas son falsificadas.
Martínez aclaró que la imputación se realizó en base a lo que establece la ley, acerca de la producción y uso de documentos falsos.
El referido médico está acusado de haber presentado –en el sobre de ofertas– el plano del Sanatorio Americano como si fuera el de la Clínica Garcete, representada por él. No obstante, Insfrán asegura que terceras personas introdujeron dichos documentos con la intención de eliminarlo de la licitación.
CONFIRMACIÓN. “El doctor Insfrán sabía que los papeles no estaban en regla y que presentaban otro plano, porque el plano de la Clínica Garcete no estaba aprobado por la Sociedad de Nefrología, que es un requisito indispensable.
Ahora estamos a la espera de la audiencia preliminar y por el momento entendemos que tenemos elementos para sostener la acusación por el uso de documentos falsos”, afirmó Martínez.
La fiscala señaló además que al momento de la imputación confirmó –con la dueña del local médico– que este no contaba con la aprobación de los planos por la Sociedad de Nefrología. Con relación a las firmas del médico imputado que aparecen justamente en los planos que corresponden a otro centro asistencial, la fiscala reconoció que son apócrifos, pero que la firma que aparece en la carta de presentación de ofertas al IPS es verdadera.
La denuncia del caso fue presentada por los médicos José Dávalos, Carmen Skell y Raquel Valdovinos, integrantes del Consorcio Hemodial, quienes acusaron que el doctor Insfrán presentó planos de un hospital perteneciente al consorcio.
Exigencias
del IPS
Según la fiscala Teresa Martínez, la Clínica Garcete debía estar habilitada por la Sociedad Paraguaya de Nefrología. No obstante, el pliego de bases y condiciones del IPS exige que la habilitación sea ante el Instituto Nacional de Nefrología (INN), dependiente del Ministerio de Salud Pública.
Agrega que el centro de hemodiálisis debe estar a cargo de un jefe o director con título de especialista en nefrología registrado por el Círculo Paraguayo de Médicos y acreditado por la Sociedad Paraguaya de Nefrología.
Las especificaciones técnicas de la previsional hacen relación además a exigencias de infraestructura, equipamiento, insumos, profesionales tratantes y al seguimiento médico de los pacientes.
Afectado afirma que la clínica
tiene habilitación de Salud
El imputado, doctor José Luis Insfrán, asegura por su parte que no presentó documentos de contenido falso ni sabía de la existencia de los mismos. Sostiene, además, que la Clínica Garcete, que representó en el proceso de licitación con el IPS, tiene los planos aprobados por el Ministerio de Salud Pública desde el año 2004.
Según el afectado, la exigencia de presentar la aprobación del Instituto Nacional de Nefrología (INN) fue una cláusula introducida por el Consorcio Hemodial, también competidora en la licitación. Indicó que el negocio de la hemodiálisis mueve miles de millones y que hay servicios médicos que reducen costos reutilizando insumos.
Insfrán agregó que el responsable de la presentación de los planos irregulares sería el contador Jorge Raúl Sartorio, a quien contrató para realizar la gestoría del proceso de licitación.
INVOLUCRADOS. Según Insfrán, el gestor Sartorio era empleado de uno de los querellantes, José Dávalos, y a su vez trabajó con el doctor Silvio Franco, director del INN y miembro del Hospital Italiano, integrante del Consorcio Hemodial.
Insfrán asegura que no tiene cómo conseguir los planos que aparecieron en su carpeta de oferta y que coincidentemente corresponde a uno de los sanatorios que operan con el Consorcio Hemodial, el sanatorio Americano.
Acusa a la fiscala de no investigar lo suficiente y de estar instrumentada, ya que para él existe un contubernio con la otra parte.
La Clínica Garcete, representada en la licitación por José Insfrán, presentó la oferta más baja, G. 250.000 por sesión, pero al ser descalificada ganó el consorcio con un costo de G. 265.000.