Política

Estado logra una sentencia a su favor y recupera fondos

 

El procurador general de la República, Sergio Coscia, anunció ayer que el Estado logró a su favor una sentencia penal firme y ejecutoriada, y con ello se recuperarán unos 600 millones de guaraníes y bienes embargados, por el caso de una malversación de fondos en la provisión de alimentos en la Policía Nacional.

El funcionario calificó de histórica la sentencia, ya que por primera vez en el país una ejecución civil relativa a una sentencia penal queda firme y ejecutoriada.

“Conseguimos una sentencia histórica. Es la primera vez en la República del Paraguay, que una ejecución civil de una sentencia penal queda firme y ejecutoriada. Fueron condenadas 2 personas en la causa Francisco Benítez Figueredo y otros sobre lesión de confianza, el famoso caso de la carne y de la malversación de fondos de la Policía. Finalmente se hizo la ejecución y ahora vamos a poder recuperar bienes que fueron obtenidos de manera irregular a nombre del Estado paraguayo”, sostuvo.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por Francisco Benítez Figueredo, y el Estado paraguayo podrá recuperar aproximadamente G. 600 millones y un inmueble embargado, por valor mucho mayor.

Coscia informó que aguardan para esta semana que se libre la orden de un cheque de pago judicial para el Estado, por unos 600 millones de guaraníes.

“El significado de esto no es solamente el monto sino que por fin ahora existe un mecanismo de recuperación de condenas penales. Ahora la gente que está condenada penalmente por parte del Estado ya tiene un antecedente y se iniciarán las ejecuciones civiles y vamos a ir sobre los bienes de las personas que cometen hechos punibles. Y aquellas personas que cometan hechos punibles y en cuya sentencia este determinado un monto, el Estado Paraguayo va a poder recuperar ese monto y va a proceder a ejecutar las resoluciones judiciales”, añadió el Procurador.

El caso se inició en el año 2017, con el expediente caratulado “Francisco Brítez Figueredo y otros”, que involucró a gente que compraba carne de proveedores que no existían, con costo sobrefacturado.

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