La imposibilidad declarada por parte de los referentes del Estado en determinar la identidad de las fallecidas, la celeridad en practicarle las autopsias y en sepultarlas esa misma noche en el cementerio de Yby Yaú, alegando exigencias sanitarias por la pandemia de Covid-19, además de la versión del médico forense Cristian Ferreira en precisar las edades de las víctimas entre 15 y 18 años, solamente sirvieron para reforzar las versiones contrarias brindadas por los familiares.
Finalmente, la divulgación de copias de documentos de identidad de procedencia argentina, estableciendo las identidades de las fallecidas como pertenecientes a la familia Villalba (de la cual forman parte varios dirigentes y miembros del EPP), y que las edades de las mismas corresponderían a solo 11 años cada una de ellas, terminó por echar mayores sombras sobre la versión oficial. La imposibilidad de mostrar otros resultados del operativo, como la captura de los principales líderes, a pesar de que se había señalado que había una alta posibilidad de encontrarlos, cambió aún más la percepción de la opinión pública acerca de lo ocurrido.
El sorpresivo viaje al lugar del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunciando el “operativo exitoso” en un posteo en las redes sociales, fue considerado posteriormente como un apresuramiento y como un error político.
Más allá de la responsabilidad criminal de los miembros del EPP, acerca de quienes existen indicios claros de que reclutan a niños, niñas y adolescentes menores de edad para convertirlos en combatientes, muchos de ellos incluso hijos o parientes cercanos de los dirigentes e integrantes, no cabe duda de que existe una obligación institucional del Estado de prevenir, proteger y rescatar a los mismos en situación de riesgo, como a quienes puedan hallarse bajo reclutamiento forzado de grupos armados delictivos, tal como se establece en convenios internacionales suscritos.
El hecho de que se confirme que fueron dos niñas las fallecidas en el supuesto combate refuerza la presunción de fallas o irregularidades en el procedimiento. Si el Gobierno insiste en que son otras las edades y circunstancias, debe demostrarlo.
El Paraguay continúa estando bajo la lupa de los organismos internacionales que defienden los derechos humanos y exigen el cumplimiento de los instrumentos jurídicos suscritos. Por ello se requiere de una investigación a fondo, por parte de organismos y sectores creíbles, que permitan aclarar lo que verdaderamente sucedió en Yby Yaú.