En el Senado coinciden en que no queda más que acatar la sentencia de la Corte IDH contra Paraguay en los casos de los ex ministros de la Corte Suprema de Justicia Bonifacio Ríos Ávalos y el fallecido Carlos Fernández Gadea.
Lo que sí lamentan algunos legisladores es que una vez más el Estado tenga que cargar los costos.
Por considerar arbitraria la destitución de ambos ex ministros en el año 2003, la Corte IDH sentenció al Estado a indemnizar a Ríos Ávalos con USD 605.000, mientras que los herederos de Fernández Gadea recibirán USD 295.000, a ser abonados en un plazo de un año.
Paraguay debe abonar USD 685,32 con intereses en caso de retraso al Fondo de Asistencia Legal a Víctimas.
“El Paraguay está adherido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tratados internacionales y está sometido a sus fallos, que son inapelables”, sostuvo el colorado Martín Arévalo.
“Puede no gustarnos su decisión, pero estamos obligados a cumplirla”, remarcó.
“No leí el fallo, pero, según nuestra Constitución, nosotros incorporamos el orden jurídico internacional, mediante la aprobación y ratificación de tratados y convenios internacionales”, opinó Sergio Godoy (ANR).
“Corresponde, porque nosotros, como Estado, nos sometemos a las decisiones de la Corte. No queda más que acatar sus resoluciones”, dijo Gilberto Apuril, de Hagamos, quien preside la Comisión de DDHH del Senado.
“Éticamente, parecería más justo que lo hicieran los que votaron, pero constitucionalmente le corresponde al Estado paraguayo”, refirió sobre el pago de la multa.
“Paraguay es parte de este acuerdo internacional de la Corte IDH. Son acuerdos que se hacen entre países, cuando no hay posibilidad de dirimir en los espacios nacionales”, manifestó el senador Sixto Pereira, del Frente Guasu.
“Cuando fue presidente Nicanor, omoingue ipo ha omboyke, ojepe’a (metió la mano y les hizo a un lado, se les sacó)”, recordó sobre los ministros de la Corte, destituidos vía juicio político por el Congreso en el 2003.
“Eso es una intromisión jurisdiccional en la independencia de los poderes”, señaló.
“De una u otra forma tiene que enmendar; primero, indemnización por daños y perjuicios; y ver la posibilidad de incorporación de vuelta. No sé los términos”, acotó.
“Así como la sentencia sobre la problemática de las tierras indígenas en Paraguay se dirime a nivel internacional, y saca la resolución, y envía al Estado paraguayo”, comparó Pereira.
“Hay que enviar gastos y costos al que mal procedió en sus funciones y que pague de su patrimonio. Ese es otro tema”, consideró.
“De mi punto de vista, es un fallo de la Corte IDH, pero el precedente es muy negro“, opinó el senador liberal Enrique Buzarquis.
“Quiere decir que, con este precedente, mañana cómo se le va a destituir a un ministro de la Corte. Si un parlamentario, que se le destituyó, puede también recurrir, significa que se va a dar, probablemente, la misma situación. Es bastante complicado”, dijo.
“Estamos dentro del sistema interamericano y ello implica aceptar su jurisdicción por haber ratificado el tratado. En rango está debajo de nuestra Constitución. No sería la primera vez que nos condenan”, alegó el colorado Enrique Riera.
El Paraguay está adherido a la Corte IDH. Puede no gustarnos la decisión, pero estamos obligados a cumplirla. Martín Arévalo, ANR
Parecería más justo que lo hicieran los que votaron, pero constitucionalmente le corresponde al Estado paraguayo. Gilberto Apuril, Hagamos.
Hay que enviar gastos y costos al que mal procedió en sus funciones, y que pague de su patrimonio. Ese es otro tema. Sixto Pereira, Frente Guasu.
Desde mi punto de vista, es un fallo de la Corte IDH, pero el precedente es muy negro. Es bastante complicado. Enrique Buzarquis, PLRA.