Arnaldo Lezcano, gerente de IPSA, incluso adujo que existe una resolución firmada por el fiscal de la causa, Miguel Quintana, en mayo de 2019, que ordenó la liberación de 460.000 kilos de azúcar incautada e ingresada al país tras un acuerdo de importación entre International Post SA, la Cooperativa Manduvirá y la compañía brasileña Nueva Trading, proveedora del edulcorante.
Lezcano adujo que a pesar de haber demostrado con toda la documentación correspondiente que la carga ingresada era legal y por sobre la resolución emitida por el fiscal Quintana, el titular de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, Emilio Fúster, ordenó que se realizará un sumario a instancias de Aduanas.
Ese sumario se extendió durante 12 meses y “estuvo plagado de irregularidades, porque ni siquiera nos llamaron a declarar”, alegó el denunciante. “Yo soy un empresario que tuvo relación con la Cooperativa Manduvirá, que con una licencia previa trajimos un cargamento de azúcar de alta calidad desde Brasil y ni bien ingresó al país, nos visitaron siete veces en un mismo año. Incluso la fiscalía brasileña participó en la investigación y demostró que teníamos un producto que nunca antes había ingresado a Paraguay. Debido a esa incautación, perdimos un cliente muy importante para nosotros”, se quejó Lezcano.
GRAN PÉRDIDA. El gerente de IPSA alegó que debido al tiempo que duró la incautación ordenada por Fúster, el 80% de las 5.200 bolsas de 50 kilos del edulcorante de alta calidad ingresado al país se pudrió y, por ende, perdieron una alta inversión.
“Nosotros ahora estamos apelando en lo Contencioso Administrativo y vamos a demandar por daños y perjuicios. Pero este señor Édgar Cuevas volvió a decir que ‘hay alrededor de siete operadores que forman parte de la estructura de contrabando de azúcar en grandes volúmenes’ y nos metió a nosotros en el grupo, cuando que no es así. Por el contrario, nosotros fuimos víctimas y perdimos nuestra carga que era absolutamente legal”, señaló Lezcano.
“Yo cuento con todos los documentos para demostrarlo –prosiguió– y es más, tenemos la resolución del fiscal Quintana que certificaba la legalidad de la misma”, dijo.
Lezcano alegó que todo el proceso fue un desastre y una violación de su derecho constitucional. “Fue una manipulación asquerosa, y nosotros podemos demostrar eso en instancias judiciales”, alegó.