Política

Durante la cuarentena confirmaron libertad ambulatoria de Zacarías Irún

El senador cartista fue beneficiado en el caso conocido como Frontera Producciones, por presunto desvío de dinero público para campañas electorales y compra de inmuebles en el exterior.

Recién ayer se dio a conocer el acuerdo y sentencia firmado el 23 de abril pasado por los miembros de una de las salas penales de la Cámara de Apelaciones de la VI Circunscripción Judicial, en el que confirman la libertad ambulatoria otorgada al senador Ernesto Javier Zacarías Irún, en la causa 13/2019, iniciada por lesión de confianza, y en la cual está procesado como instigador.

Se trata del proceso penal que se encuentra en la etapa intermedia donde están acusados la ex intendente de Ciudad del Este Santa McLeod de Zacarías, además de otras 9 personas involucradas por supuesta lesión de confianza, también conocido como el caso Frontera Producciones.

La Fiscalía sostiene que se utilizó la productora mencionada para desviar más de G. 2.100 millones de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este para financiar campañas políticas de miembros de la familia de Zacarías Irún.

En esta misma causa se había planteado otra imputación por lesión de confianza, debido a que las autoridades hallaron más documentos de supuestos desvíos de las arcas municipales que involucran a las mismas personas, incluyendo el senador, quien fue imputado por instigación a lesión de confianza, porque, según la investigación del Ministerio Público, el mismo se desempeñaba como el intendente de facto durante la administración de su esposa.

En el caso también están acusados Alberto Rodríguez, ex intendente interino; Juan Domingo Sanabria Notario, ex jefe de prensa; David Espínola, ex director de Finanzas; y Carlos Bordón Bottino, propietario de Frontera Producciones.

El caso salió a la luz cuando la Comuna de Ciudad del Este fue intervenida y McLeod destituida de su cargo por la Cámara de Diputados.

ACUERDO Y SENTENCIA. La medida judicial que favoreció a Zacarías Irún fue firmada por los camaristas Sixto Orrego, Juliana Giménez y Graciela Ortiz, quienes confirmaron nada más la resolución de la jueza Cinthia Garcete, quien había suspendido los efectos de la prisión preventiva en la imputación contra el senador. Para los camaristas no se puede enviar a prisión al legislador por el marco penal de la imputación fiscal, que se encuadra en delitos con expectativa de pena mínima.

Los fiscales Josefina Aghemo, Luis Said y Susy Riquelme habían apelado el apartado 3, referente a la suspensión mencionada, del auto interlocutorio firmado el 19 de diciembre del 2019 por la jueza penal de garantías mencionada, quien había establecido como medidas una caución millonaria, la prohibición de cambiar de domicilio y abandonar el país sin permiso judicial y la obligación de firmar un libro.

Los camaristas señalaron que no existían los peligros de fuga y obstrucción a la investigación penal, señalando además que la magistrada dictó su parecer sobre la base de la Ley 6350/19, que deroga la Ley 4431/11 utilizada como fundamento del requerimiento fiscal de la prisión preventiva, de acuerdo con el contenido del AI 48/20, según el documento.

CHICANAS. El líder esteño y su esposa Sandra McLeod son conocidos por dilatar sus procesos con base en puras chicanas.

Desde hace meses, el matrimonio posterga el estudio de pedido de prisión en contra, gracias a la complacencia de jueces.

Además, Javier Zacarías goza de la impunidad que le otorgan sus pares parlamentarios, habida cuenta de que dos veces el Congreso ya rechazó desaforarlo para enfrentar sus procesos.

El pasado 30 de abril, la Cámara de Senadores rechazó retirar, por segunda vez, fueros del senador Javier Zacarías Irún, quien está imputado.

La mayoría sostiene que al legislador colorado ya le habían retirado los fueros en el marco de la investigación por supuesto desvío de recursos de la Municipalidad de CDE para su campaña electoral e indicaron que no hay impedimento para que el proceso continúe.


LA CIFRA
2.100 millones
de guaraníes fueron desviados de las arcas municipales en el Este durante la administración de McLeod, según la Fiscalía.

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