Economía

DNCP halló inconsistencias en construcción de pasarela

 

La licitación de la polémica pasarela de oro, que conecta el Parque Ñu Guasu y el Comité Olímpico Paraguayo, está “viciada de inconsistencias administrativas” e incumple disposiciones que rigen la materia en compras públicas, según reveló la resolución 672 emitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), firmada por su director, Pablo Seitz.

La investigación de oficio de esta dirección referente al cuestionado paso peatonal sobre la avenida Ñu Guasu finalmente concluyó el viernes último y se basa en los recientes antecedentes de la Contraloría General de la República, entidad que también criticó el proceso licitatorio en varios aspectos, en particular el supuesto direccionamiento.

DETALLES. El nuevo informe de la DNCP sostiene que no se recibió “documentación probatoria” sobre cómo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), entidad convocante por parte del Estado para la realización del paso peatonal, “desarrolló el procedimiento para la obtención del precio (referencial)” de la cuestionada licitación en la que participó como único oferente la empresa Engineering SA.

Contrataciones Públicas señaló que si bien es cierto que la normativa permite a la entidad convocante la “excepcionalidad” para “sortear la cantidad de fuentes requeridas para la obtención de precios referenciales, basados en ciertos parámetros, como ser la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación, se requiere más que la simple mención (del costo referencial)”.

Por otra parte, la DNCP concluyó la existencia de un “supuesto” direccionamiento del pliego de bases y condiciones de la pasarela que costó cerca de USD 2 millones, punto también abordado en el dictamen técnico de la Contraloría.

“En el marco de la presente investigación de oficio, la convocante (el MOPC) no ha remitido documentación alguna que sustente que habría en el mercado más de un potencial oferente que pudiese cumplir con tales requerimientos (para realizar las obras licitadas)”, señala otra parte del escrito de la DNCP.

La resolución de la Dirección, a cargo de Seitz, también informa sobre la falta de documentación referente al encarecimiento del monto inicial del contrato de la obra de la pasarela de oro.

“Se observa que ambos convenios modificatorios (el 1 y 2) poseen inconsistencias administrativas. El primero por otorgar condiciones más favorables a la firma contratista (Engineering SA) y el segundo, por no haber la entidad convocante (MOPC) remitido las documentaciones respaldatorias en tiempo oportuno para su publicidad”, detalla el informe.

En esa línea, la Dirección Nacional “no puede determinar” el motivo del aumento del monto del contrato ni de la prórroga del plazo de ejecución, por lo que solicita remitir los antecedentes al Departamento de Sumarios de la DNCP para constatar si Engineering SA está sujeta o no a una inhabilitación temporal por un lapso de tres meses hasta tres años para participar en procesos licitatorios.

Asimismo, Contrataciones Públicas solicita deslindar responsabilidades en el aspecto administrativo, para lo cual remite los antecedentes de la investigación del caso a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General del Estado y al Departamento de Sumarios de la institución.

La DNCP también cuestiona una llamativa erogación por parte del MOPC en plena pandemia para esta pasarela y solicita a las entidades de control que verifiquen si hubo “afectación eventual del patrimonio del Estado”.


Resolución coincide con puntos de la Contraloría
La Contraloría General de la República también detectó serias irregularidades en las distintas etapas de la licitación del paso peatonal sobre la avenida Ñu Guasu, partiendo de la planificación.
Según el dictamen del ente contralor, el MOPC fijó precios referenciales para el llamado sin tener en cuenta lo que establece Contrataciones Públicas, punto también cuestionado por la DNCP, que no halló documentación respaldatoria al respecto.
El pliego de bases y condiciones (PBC) establecía ciertos requisitos técnicos que solo podrían ser cumplidos por un oferente, por lo que la Contraloría recordó que la Ley de Contrataciones asegura que todo potencial proveedor con solvencia y que reúna los requisitos puede acudir “sin restricción y en igualdad de oportunidades”, cuestión también puntualizada por la DNCP.

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