Siguen saltando irregularidades en la fallida contratación por parte de la SA (Essap) para el relleno hidráulico y la construcción de 96 viviendas en el de Asunción, donde debe erigirse una planta de tratamiento cloacal.
La aguatera estatal adjudicó la obra en cuestión a finales del 2015 por G. 54.908 millones (USD 9,7 millones al cambio actual) al , integrado por las empresas Magtel, española, y la norteamericana ERS (Environmental Risk Service), que presentó documentos adulterados, según reveló una auditoría del Banco Mundial (BM), financista del proyecto, por lo que el contrato fue rescindido.
Aunque el contrato ya fue derogado en agosto del año pasado, la aguatera hasta la fecha no pudo recuperar parte del anticipo que pagó a la cuestionada contratista debido a la desidia de tres funcionarios, que causó un perjuicio de G. 3.108 millones a la aguatera, según una denuncia presentada por el ingeniero Natalicio Chase, actual presidente de la Essap, ante el Ministerio Público.
Se trata de Jhoni Fernando Báez Santacruz, ex gerente financiero del ex presidente de la aguatera Osmar Ludovico Sarubbi –sacado del cargo en su momento por sospechas de corrupción–; Derliz Osmar Cabrera, ex asesor de proyectos especiales, y Juan Esteban Franco Balbuena, quien administraba los proyectos financiados por el BM. Los mismos fueron denunciados por los hechos punibles de lesión de confianza.
Vale señalar que la Essap no pudo ejecutar la garantía bancaria del anticipo debido a irregularidades en la tramitación de las condiciones de la misma, lo cual estaba a cargo de los funcionarios mencionados. Es que en el citado documento (de la garantía) se estableció que para hacer efectiva la garantía el pago de anticipo al consorcio debió hacerse a su cuenta del Citibank en Estados Unidos, lo cual se incumplió.
La falta fue informada a los directivos de la Essap del Gobierno anterior, a través del Banco Continental, intermediario en la emisión de la garantía bancaria.
A pesar de que ya pasaron dos meses de la presentación de la denuncia de Chase, el Ministerio Público sigue sin definir un fiscal que investigue el caso. Empero, tanto Cabrera como Franco Balbuena siguen cobrando salarios que superan los G. 10 millones en la aguatera.
La Fiscalía además se encuentra indagando otra denuncia de la misma contratación, pero sin mucho avance. Las pesquisas están a cargo de la fiscala Victoria Acuña, que investiga el fraude del Consorcio Bella Vista revelado por el BM.
Recordemos que el contrato con Bella Vista fue cancelado sin culminar la obra, pese a que la empresa percibió 26.760 millones de guaraníes (USD 4,7 millones). Lo concreto es que los bañadenses que fueron desalojados continúan sin hogar y la Essap les sigue desembolsado unos G. 100 millones mensuales por el “acomodo temporal”.
OTRO DUDOSO CONTRATO. Mientras tanto, luego de la rescisión con el Consorcio Bella Vista, la empresa Civsa (de Isacio Vallejos) está ejecutando la construcción de las viviendas, cuyo precio inicial ya se duplicó de G. 15.000 a G. 35.000 millones, según fuentes de la aguatera estatal, proceso que se concretó también de manera sospechosa. En diciembre prometen inaugurar estas obras.
Por otro lado, el MOPC ya adjudicó la construcción de la planta de tratamiento cloacal en el terreno rellenado por la Essap, que estará a cargo del grupo español Acciona Agua, cuyas obras siguen retrasándose.