El país necesita duplicar el nivel de participación del sector manufacturero en la estructura del producto interno bruto (PIB), a partir del 20% actual, a fin de lograr una mayor diversificación de la economía, reducir la dependencia a las materias primas y generar más mano de obra. Esto ayudará también a incrementar los niveles de ingresos de la población, sostiene Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay (BCP).
El ejecutivo menciona a la producción bajo el régimen de maquila como el modelo que se debe seguir impulsando, ya que en los últimos años este rubro ha exhibido una importante resiliencia a los ciclos económicos y logró iniciar la diversificación de los mercados de exportación hacia países fuera de la región. Considera que esta es la senda a transitar para lograr un crecimiento económico más elevado y una mayor inclusión.
“Hemos visto un aumento bastante importante de todos aquellos productos más industrializados que utilizan no solamente insumos agrícolas, sino otro tipo de insumos como el caso de los cableados. Se han sumado industrias mucho más sofisticadas como ensamble de vehículos, de motocicletas, que marcan el camino hacia un nivel de uso más intensivo de mano de obra y eso también ayuda principalmente por el lado del empleo y los ingresos dentro de la economía”, asevera.
NUEVOS MERCADOS, NUEVAS OPORTUNIDADES. El presidente de la Unión Industrial Paraguay (UIP), Gustavo Volpe, coincide con Mora en cuanto al efecto positivo de la industrialización en el empleo y recuerda que en el 2010, este sector representaba apenas el 9% del PIB.
“El sector industrial está llamado a combatir el problema principal de la economía paraguaya, que es la falta de empleo. No existe otro sector que por cada unidad de inversión genere más cantidad de empleos”, asevera.
Por otro lado, se refiere al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (próximo a ser firmado) como la gran oportunidad que tiene el país en la próxima década para explorar nuevos mercados y desarrollar motores de crecimiento como la industria alimenticia.
“Nuestro foco tiene que estar no solamente en potenciar las industrias para evitar que cuando ingresen los productos europeos, nos puedan lastimar; sino prepararlas para que sean competitivas y tengamos la calidad para seguir vendiendo en el mercado, eso a su vez haría que tengamos oportunidades de ingresar a los mercados más ricos y más amplios, como la Unión Europea”, recalca.
Miguel Mora agrega que este acuerdo entre bloques dará a Paraguay una mayor visibilidad a nivel internacional, proceso que se inició en el 2013 con la primera emisión de bonos en los mercados externos. Recordó que actualmente Paraguay cuenta con alrededor de 44 países fuentes de Inversión Extranjera Directa (IED), entre los cuales se encuentran naciones europeas.
“Podríamos, en este proceso de insertarnos a la Comunidad Europea, recibir mucho mayor flujo de lo que hoy estamos viendo, principalmente a sectores donde tenemos ventajas comparativas; que Paraguay sea como una plataforma de transformación y dado los menores costos que tiene el país en términos de energía eléctrica, mano de obra, impuestos y estabilidad macroeconómica, poder exportar al mundo”, concluye.
El reto de distribuir mejor el crecimiento económico
La desigualdad. La evolución de los indicadores económicos paraguayos en la última década revela una dicotomía entre crecimiento económico y calidad de vida de la población. Entre 2011 y 2018, la economía paraguaya creció a un ritmo anual superior al 3%, salvo en 2012 cuando el producto interno bruto (PIB) decayó; el problema es que desde estas tasas de crecimiento económico no hay efecto de derrame, por lo que las tensiones se sienten en la sociedad y se verifican en las estadísticas, advierte la economista Verónica Serafini, en una publicación del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep). Recuerda que las tasas de desempleo, subempleo visible, empleo informal, pobreza e ingresos no experimentaron cambios positivos relevantes y, lo que es peor, algunos de estos indicadores empeoraron en valores absolutos. “Un ejemplo es el empleo informal, cuyo peso relativo se mantiene en alrededor del 64% de la población ocupada. Sin embargo, entre 2013 y 2018 el mercado sumó 200.000 trabajadores más en condiciones de informalidad”, recalca. Agrega que la pobreza, que venía reduciéndose poco pero sostenidamente, se estancó entre 2013 y 2017, por lo que la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza se mantuvo en alrededor de 1.800.000 en dicho periodo. Actualmente, el índice de pobreza del país se encuentra en 24,2%, mientras que en el 2011 estaba en 37%. El analista Amílcar Ferreira, por su parte, insiste en que la educación es vital para lograr que el crecimiento económico permee a los sectores con menores ingresos, ya que actualmente los cargos gerenciales son confiados a extranjeros debido a la baja calificación profesional de la oferta laboral local. Insta también a revisar los factores de competitividad para las inversiones, pues recuerda que la baja presión tributaria en realidad resulta en una pésima calidad de servicios públicos e infraestructura, lo cual obstaculiza los proyectos del sector privado.
Reservas de Caja Fiscal tienden a desaparecer en 2027
Recursos. Técnicos del Ministerio de Hacienda advirtieron que desde este año las reservas de la Caja Fiscal estarían siendo utilizadas para cubrir el déficit del sector civil. Alertaron que al ritmo de pagos actuales y los resultados deficitarios experimentados desde ya hace unos años podrían llegar agotar en su totalidad los USD 900 millones de reservas de la caja en el 2027. Esto implicaría que el saldo rojo (más gastos que ingresos) sean financiados totalmente con recursos provenientes del cobro de impuestos. Ante el anunciado peligro, autoridades de la cartera económica habían anunciado la presentación de un proyecto de reforma de la caja fiscal a finales del 2019, sin embargo, el documento no se dio a conocer hasta el momento. A noviembre del 2019, la Caja fiscal experimentó un déficit de G. 709.859 millones.
Inversión en obras debe ser de USD 20.000 millones
Infraestructura. Paraguay debe invertir al menos USD 20.000 millones en los próximos diez años para la concreción de varios proyectos de infraestructura, de manera a mejorar la paupérrima calidad de vida que aqueja a toda la ciudadanía, según el plan Década de la Infraestructura de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), que ya fue presentado a las autoridades nacionales, como del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En el plan se incluyen obras viales (pavimentos nuevos y mantenimiento de carreteras), saneamiento, agua potable, sector eléctrico, entre otras obras, por lo que el país debería apostar USD 2.000 millones al año. Esta cifra está cerca a los USD 21.000 millones que necesita invertir el país en infraestructura, dentro del plan 2030, según los datos de la Secretaría Técnica de Planificación (STP). De acuerdo a los datos de la institución, esta apuesta es necesaria para poner al país entre los estándares de la región y no de los países desarrollados propiamente. Para tener una idea, es importante mencionar que en el país existen varios retos para mejorar la cantidad de las rutas pavimentadas, pues el 90% de las carreteras siguen siendo de tierra.
Fortalecer la relación activo/pasivo con formalización
Reformas. Para el gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley, hay reformas urgentes que deberían ser tomadas en un corto plazo dentro del sistema pensiones y jubilaciones del IPS. Halley sostiene que, en el fondo de pensiones del IPS es esencial fortalecer la relación entre activos (trabajadores aportantes) y pasivos (jubilados). “Esto pasa por una cuestión de retorno al IPS que nosotros no manejamos, sentimos nada más los efectos de la formalización del mercado laboral, que es una tarea y competencia del Ministerio de Trabajo, no es competencia del IPS”, aclaró. En ese mismo sentido sostuvo que se debería aumentar el periodo de tiempo de aporte utilizado (los últimos 3 años) para medir la jubilación. El año requerido para la jubilación también debería ser analizado, según Halley.
Itaipú: Energía barata o lograr más ingresos
En el 2023 se cumplen 50 años de entrada en vigencia del Tratado de Itaipú y habilita a revisar las bases financieras de la central, establecidas en el Anexo C del documento. Sin dudas, es el mayor desafío diplomático para el Estado paraguayo en la nueva década y hoy está en manos del presidente Mario Abdo Benítez dar inicio a las conversaciones con Brasil.
Analizando todo lo que ocurrió en el 2019 en torno a Itaipú, se concluye que la tarifa de venta de la energía es la principal prioridad de Brasil, teniendo en cuenta sus urgencias energéticas. Es importante remarcar que la deuda de la hidroeléctrica se cancelará en simultáneo con el desarrollo de las negociaciones.
En varias ocasiones, las autoridades brasileñas manifestaron su deseo de reducir los costos en Itaipú y también plantearon pagarle menos a Paraguay por la cesión de su electricidad no utilizada.
Por el otro lado, el Gobierno paraguayo aún se encuentra en proceso de definición de su equipo negociador, sin revelar estrategias sobre lo que se propondrá en la mesa de negociación. Para nuestro país se abren dos posibilidades principales: aceptar la reducción de la tarifa de Itaipú o sugerir mantenerla como está actualmente para ganar USD 1.000 millones al año.
Resulta que hoy la Itaipú paga USD 2.000 millones al año a Eletrobras para honrar su deuda y para obtener ese dinero necesita vender su producto a un precio alto a la ANDE y a la misma Eletrobras. Cuando el compromiso esté saldado, ya no necesitará generar los recursos adicionales por el costo del pasivo, así que la tarifa caerá automáticamente.
Recientemente, la Cancillería paraguaya anunció que su intención es lograr los USD 1.000 millones para cada país, lo que implicará mantener la misma tarifa. Sin embargo, si se termina bajando la tarifa, la ANDE también se verá beneficiada, pues sus costos de adquisición se reducirán y así el usuario paraguayo también terminará pagando una energía más barata.
Los pagos por cesión de energía y royaltíes también se contemplan en el Anexo C, así que podrán ser revisados. Desde el 2010, el Estado brasileño abona USD 9 por megavatio hora (MWh) cedido, lo que representa en torno a los USD 360 millones anuales.
Las posturas en los sectores energético y político están divididas. Algunos referentes quieren que baje el precio de la luz, mientras que otros desean ingresar los USD 1.000 millones para crear un fondo.
El Gobierno deberá decidir qué postura tomar a la hora de sentarse a negociar.
Mejorar las empresas públicas
Casi la mitad de las empresas públicas no consiguen resultados positivos en la prestación de sus servicios. Además, la ejecución presupuestaria sigue estando lejos de lo deseado, más aun si se considera que en el 2019 lograron un presupuesto mayor, en comparación con el 2018.
Pese a las críticas que existen en el suministro de energía eléctrica, la ANDE es la compañía estatal más rentable del país, Essap ha logrado un importante repunte y la Dinac se consolidó con buenos números durante el año pasado. Sin embargo, es necesario que estas entidades revisen la manera en que están desembolsando dinero para sus gastos operativos y de recursos humanos.
Por el otro lado, preocupa el panorama de Petropar, INC y Copaco. La petrolera viene bajando anualmente su rentabilidad, al borde del déficit; mientras que la cementera y la operadora no pueden dejar el saldo rojo.