Como ya se anticipaba cuando se modificó la ley sobre el uso de los royalties, y se blindó un 40% de dichos recursos para compra de víveres, los municipios que empezaron a hacer uso de esa modificación con el pretexto de la pandemia, ya muestran la compra con inflados precios en las licitaciones, según las denuncias.
En el municipio de Mariano Roque Alonso, que dirige la intendenta Carolina Aranda, el pasado 16 de junio se resolvió la compra previa licitación y aprobación de la Junta, de víveres por valor de G. 1.947.780.000 a la empresa San Miguel Servicios Gastronómicos, a la que se recurrió en principio por ser la de mejor oferta global. No obstante, algunos precios en cuanto a rubros no fueron los mejores incidiendo en el precio final y en la compra de más víveres.
En la compra de leche, cuyo precio unitario correspondía a 3 litros, la adjudicada ofreció a G. 17.318 y otra firma ofreció el mismo producto y marca en G. 16.290. Solo en este rubro, el Municipio dejó de ahorrar unos G. 21 millones.
En otro rubro pudo haber ahorrado G. 80 millones teniendo en cuenta que la yerba que finalmente se compró fue adquirida a G. 13.300, pero otra firma oferente ofreció a G. 9.000, aunque es de distinta marca pero de origen nacional. Es decir, en solo dos rubros se pudo haber ahorrado más de G. 100 millones, sin entrar a tallar en los otros artículos, todos nacionales que aparentemente estaban dentro del rango de precios de mercado.
El Municipio compró aceite por G. 192.840.000; azúcar por G. 355 millones; arroz por valor total de G. 213.620.000; fideos por G. 337 millones; y harina por G. 235 millones.
Los denunciantes piden una auditoría para poder determinar si hubo más precios sobrevalorados. No obstante, la intendenta dijo que los precios están dentro de lo normal y que fueron comprados en la ciudad como indica la ley. Añadió que el total de los kits no alcanzan el valor de G. 100.000 por unidad.
El intendente Lucas Lanzoni, de Ñemby, es observado también por la Fiscalía porque transfirió recursos a comisiones vecinales, pero algunas dijeron que no recibieron su dinero.
40% es el porcentaje habilitado a municipios para usar en compra de víveres de lo correspondiente a royalties.