Supongo que después de tantos años de ver cómo la clase política aborda al Estado como si se tratara de un bergantín capturado por bucaneros para repartirse cargos y licitaciones terminamos por olvidar que se trata de una construcción pública y que por lo tanto es de todos y de nadie en particular.
Y no me refiero solo a las instituciones y al dinero público que administran; todo lo que no pertenece legalmente a una persona o a varias personas determinadas es propiedad del Estado; las tierras, los bosques, el espacio aéreo, el agua, el subsuelo.
El Estado puede vender, arrendar o concesionar para su explotación cualquiera de esos bienes, pero solo si la Constitución y las leyes se lo permiten, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por esas mismas reglas.
Absolutamente todo lo demás, lo que no sea legalmente propiedad de determinadas personas físicas o jurídicas, es propiedad pública.
Las calles, las veredas, las plazas, cualquier espacio no privado le pertenece al Estado, y por lo tanto es de propiedad colectiva; o sea, es de todos y de nadie en particular, y por lo tanto nadie puede hacer uso restrictivo de él.
Usted y yo tenemos el mismo derecho de caminar por cualquiera de las calles y veredas del país, pero ni usted ni yo tenemos derecho a apropiarnos de ese espacio para montar una casilla de venta de empanadas, estacionar autos en oferta o poner baldes de plástico para reservar estacionamiento.
Lo público tiene un fin público y ningún miembro de la colectividad está por encima de los demás como para abrogarse el derecho de darle un fin distinto.
Sé que es una obviedad grande como un tren pero se hace necesario repetirlo cuando se discuten cuestiones tan obvias como, por ejemplo, que ninguna persona puede apropiarse ni siquiera de medio centímetro de la franja de dominio del ferrocarril (que sigue siendo del Estado), ni el ciudadano cuya familia lleva allí dos o tres décadas ni el coqueto Club Libertad que levantó sus murallas sobre parte de la franja.
Esas tierras son tan públicas como lo son las miles de hectáreas destinadas a la reforma agraria que se embolsaron los generalotes del general, o las plazas que se convirtieron en seccional o las calles que cerraron los prepotentes de turno.
Ni la pobreza ni la riqueza son argumentos válidos para que alguien pretenda apropiarse en exclusividad de lo que es colectivo y tiene un fin público. Es lo que entendieron los sanlorenzanos que se manifestaron ruidosamente exigiendo a su intendente que sus calles vuelvan a ser calles y no un improvisado mercado.
A ver si aprendemos de ellos.