La seria crisis política por la que atravesó el país en la semana que pasó tendrá costos en la economía. Paraguay está en los últimos lugares en casi cualquier indicador de calidad institucional, lo que afecta a la seguridad jurídica.
Una de las formas en que impacta a la economía es por la vía de las inversiones extranjeras. La inestabilidad política desincentiva la llegada de las mismas, por lo que el país termina ofreciendo condiciones que perjudican al fisco, como es el caso de las exoneraciones tributarias. El gasto tributario o monto que el país deja de recaudar en impuestos se convierte en una falta de recursos para financiar infraestructura o servicios sociales o en un aumento de impuestos para los nacionales.
Una peor consecuencia es la que se deriva de la llegada de empresas con antecedentes negativos, por lo cual ya no son recibidos en países serios y terminan recalando en países como el nuestro, donde aprovechan las debilidades institucionales para hacer negocios en vinculación con políticos o empresarios nacionales también de escaso apego a las normas.
Pero no solo a los extranjeros afecta esta situación, también a los emprendedores nacionales, que ante la incertidumbre terminan reduciendo sus aspiraciones y con ello sus inversiones. Al final el resultado es menor nivel de inversión y, con ello, mejor demanda de trabajo, frente a una oferta que crece gracias al bono demográfico y sobre todo que necesita buenas condiciones laborales –ingresos altos, seguridad social, estabilidad económica– para garantizar crecimiento económico sostenido en el tiempo y con inclusión social.
Por otro lado, la variable energética es fundamental. Cualquier posibilidad de transformación productiva para dejar este crecimiento ralentizado requerirá energía. Un aumento de su costo o mala calidad de la oferta obstaculizará este objetivo. La matriz energética actual no solo no contribuye a la eficiencia económica sino que además tiene un alto costo ambiental.
Desde cualquier aspecto –energético o de calidad institucional– el conflicto pasado implicó costos coyunturales por la inestabilidad política que generó en un momento de reducción de las proyecciones de crecimiento, pero también significa costos estructurales y de largo plazo.
El actual Gobierno debe asumir que se equivocó en la forma de actuar y hacer una vuelta de timón proponiendo un plan que, a la vez que contribuya a generar confianza y pacificar el ambiente político, cuente con objetivos económicos claros en torno a una necesaria transformación productiva.
La transparencia y el diálogo abierto y participativo ayudarán a mitigar los costos que tuvo el conflicto, así como a crear las condiciones para un pacto social y económico que permitan a este Gobierno terminar una gestión que hoy da la imagen de fracaso no solo del primer año sino del resto del periodo que le falta.
La inteligencia y la habilidad política que se requieren en este objetivo deben ser complementadas indefectiblemente con el liderazgo de hombres y mujeres comprometidos con el país y no con intereses particulares y, sobre todo, de intachable conducta pasada, tanto jurídica como ética.