En el 2013, la Sala Constitucional dictó una sentencia histórica: hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad promovida por el periodista Daniel Vargas para conocer la nómina salarial de la Municipalidad de San Lorenzo. De esta manera, la máxima instancia judicial sentó jurisprudencia sobre la obligatoriedad de toda institución de dar a conocer información concerniente al manejo de la cosa pública. El fallo no solo desencadenó una catarata de transparencia a lo largo del Estado, sino que menos de un año después se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública. Los años demostraron que esta ley fue una de las herramientas más importantes para la lucha contra la corrupción.
A más de cinco años de aquel fallo decisivo para el sistema democrático, la Corte Suprema de Justicia se encuentra en una nueva encrucijada. En estos días debe elegir a su nuevo presidente. La elección ocurrirá en medio de una reciente polémica que dividió a los ocho ministros en ejercicio. Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón comunicaron oficialmente que ya no asistirán a las sesiones plenarias que no sean televisadas en directo a la ciudadanía.
Ambos ministros fueron quienes, al asumir el cargo a fines del año pasado, impulsaron que las sesiones dejen de ser secretas. Sin embargo, el pasado 31 de enero el pleno de la Corte decidió sesionar nuevamente a puertas cerradas. Justamente en esa sesión empezaron las negociaciones para la elección del nuevo presidente de la Corte. Esto motivó la reacción de Ramírez y Jiménez, quienes nuevamente se plantaron a favor de la transparencia. Su postura fue aplaudida por varios gremios de abogados y magistrados.
Al mismo tiempo, la transparencia es debatida en otro frente en los pasillos de tribunales: Un tribunal de Apelación obligó a Daniel Vargas –el mismo ciudadano que consiguió aquel fallo memorable en el 2013– a pagar costas judiciales por más de G. seis millones en un proceso de acceso a información pública. Vargas había solicitado al Tribunal Superior de Justicia Electoral copias de toda la documentación relacionada con los comicios en el distrito de San Lorenzo. Como no se le proveyó de la información requerida, judicializó el caso y perdió en primera y segunda instancias. Para colmo, le obligan a pagar los gastos del proceso. Se trata de un precedente negativo que desalienta a la ciudadanía a utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública.
Otro tema aún pendiente es la acción de inconstitucionalidad en la cual la Corte deberá dirimir de una vez por todas si las declaraciones juradas de funcionarios públicos constituyen información pública.
El año pasado, tres ministros de la Corte Suprema dejaron sus cargos. Uno de esos puestos sigue vacante. La renovación de un tercio de la máxima instancia judicial sin duda trajo nuevos vientos en el Poder Judicial. No obstante, diversos sectores pretenden mantener la cultura del secretismo vigente en el palacio de Astrea, a pesar de la jurisprudencia y los avances legislativos. Resulta evidente que tanta claridad asusta a quienes buscan ocultarse del escrutinio público. Es por eso que la bandera de la transparencia debe nuevamente ser alzada por la Corte Suprema de Justicia este 2019 para que los demás poderes del Estado tomen el ejemplo.
