El pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó la presentación de un anteproyecto de ley que le permita transferir unos 12.000 millones de guaraníes a ser utilizados para el pago de los salarios a funcionarios en los próximos meses, teniendo en cuenta la baja de las recaudaciones.
Los fondos se encuentran en una cuenta destinada al pago de las indemnizaciones por el Estado en caso de perjuicio causado en el marco de su función jurisdiccional.
En total, es el 80% de la suma que se encontraba en la cuenta corriente al 31 de diciembre del año pasado, conforme señalaron fuentes judiciales.
Este dinero está en el Banco Nacional de Fomento prácticamente en forma ociosa, ya que son pocos los juicios civiles que llegaron a esta instancia para poder ejecutar los montos asignados en este rubro.
El proyecto de ley fue aprobado por el pleno en su sesión del martes pasado, aprovechando su iniciativa legislativa. Pide al Congreso que se autorice la transferencia del saldo depositado en la cuenta corriente del Banco Nacional de Fomento a nombre de la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la de Recursos Propios.
La cuenta va aumentando a raíz de un porcentaje destinado específicamente a ese rubro, y el monto que se solicita es el equivalente al 80% de lo que tenía al 31 de diciembre del 2019, que son unos 12.000 millones de guaraníes.
BAJA RECAUDACIÓN. Según había dicho el presidente del Máximo Tribunal, Alberto Martínez Simón, este dinero será usado para los gastos operativos del Poder Judicial, teniendo en cuenta la baja recaudación actual por la emergencia sanitaria que suspendió las actividades de la Justicia.
Aseguró a los demás ministros que era importante cumplir con los compromisos laborales asumidos especialmente con los magistrados y funcionarios judiciales.
Aclaró que, con ello, no es que iban a pedir dinero al Ministerio de Hacienda, sino que lo que se quería era traspasar los fondos de una cuenta a otra para cubrir los costos operativos.
La recaudación del Poder Judicial tuvo un descenso bastante importante en el mes de marzo. De los 1.300 millones de guaraníes por día, estos montos cayeron bastante. Incluso, de acuerdo con el presidente, uno de los días la recaudación alcanzó solo los G. 9.000.000, lo que representaba una reducción de 95% en ese día.
APERTURA. Con la apertura de la mesa de entrada de la Dirección General de los Registros Públicos, y la Dirección del Registro del Automotor, la Corte espera levantar la recaudación, pero ahora, con la extensión de la cuarentena, no esperan mucho incremento.
El proyecto fue ratificado, no sin antes recomendar que se realicen todas las explicaciones necesarias al Congreso, de modo que la ley sea aprobada lo más rápido posible, a fin de poder utilizar el dinero.
La Corte cuenta con 4 a 5 mil contratados, además de varios rubros que dependen exclusivamente de los recursos propios de la institución, que se recaudan especialmente en los Registros Públicos y en Registro del Automotor, y en un menor porcentaje en los juicios civiles.
Funcionarios apoyan el seguro médico privado
El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), a través de su secretaria general Porfiria Melgarejo de Ocholasky, envió una nota de apoyo a la Corte por la licitación para la contratación del seguro médico y sanatorial para los magistrados y funcionarios.
En su nota alegan que les parece acertada la medida, y que solicitan que se dé estricto cumplimiento del contrato colectivo donde taxativamente se establece que el seguro médico es un derecho adquirido para los funcionarios.
Menciona que el costo presupuestado para cada funcionario es de G. 680.000 desde hace cinco años, provenientes de recursos propios de la institución, y que es muy inferior al tope establecido en el Presupuesto General de Gastos de G. 1.000.000.
La nota recuerda que el 11 de noviembre del 2010, el Poder Ejecutivo vetó la ley que autorizaba la inclusión de funcionarios y familiares del Poder Judicial en el Instituto de Previsión Social (IPS).
Instan a los ministros a continuar con los trámites para el seguro privado.
El mismo vence en junio de este año y, según Ocholasky, hay varios funcionarios preocupados de quedarse sin seguro en plena pandemia.