El titular de la Central de Cooperativas del Área Nacional (Cencopan), Pedro Loblein, fue el encargado de desmentir lo expresado por el ministro del Interior, Francisco de Vargas. Dijo que la persecución ya inició desde el comunicado de la Policía Nacional en el que le dieron un nombre “traído de los pelos” a la movilización.
La Comandancia había emitido un comunicado en donde se declaraba alerta máxima desde el pasado lunes por las movilizaciones de cooperativistas, cañicultores y pequeños productores. En el documento atribuía a los manifestantes la frase: “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno”.
El propio ministro De Vargas afirmó este miércoles que manejan informaciones de que los manifestantes buscan presionar a los “elementos policiales” para “generar una víctima”. Agregó que los manifestantes buscan “desgastar y que la indignación se vuelque hacia las autoridades”.
“Exigimos al ministro (De Vargas) pruebas de sus acusaciones. No se puede acusar gratuitamente aludiendo inteligencia y no demostrar ni siquiera un papel, una prueba o una grabación que hemos manifestado la rebelión”, expresó Loblein en conferencia de prensa.
Aclaró que las movilizaciones no tienen otro objetivo que el de luchar por las reivindicaciones de cada uno de los sectores.
“De Vargas está abriendo el paraguas porque probablemente él y su equipo tienen la intención de manchar nuestra marcha, nuestra lucha y reivindicaciones, pero no lo vamos a permitir ni dar motivo alguno para que reaccionen en contra nuestra”, manifestó.
Pidió firmeza a los cooperativistas y labriegos para demostrar las mentiras del Gobierno y aseguró una resistencia pacífica hasta lograr sus exigencias.
Finalmente, advirtió que responsabilizan al ministro Francisco de Vargas de cualquier hecho de violencia que pueda surgir. “Él inició esto, en nosotros no existe intención de agredir a nadie o de desestabilizar a la nación”, afirmó.
MOVILIZACIÓN. Para este jueves se espera una nueva jornada de movilización de los cooperativistas y labriegos, como se viene dando desde el pasado viernes, cuando entró en vigencia el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los intereses de los créditos, uno de los motivos discordantes del sector, al igual que la elección de autoridades a través del sistema D’Hondt.
El sector exige la derogación de la normativa o que se reconozca su vigencia recién a partir de julio y no en abril, como establece un decreto del Ejecutivo; mientras que los labriegos solicitan la condonación de las deudas contraídas por los pequeños productores, la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la Agricultura Campesina e Indígena, el resarcimiento por la pérdida de su producción y eliminar la Ley de Informconf.