El contralor general de la República, Enrique García, envió un pedido de informe al administrador judicial de Acepar, José Luis Vinader, sobre detalles del nuevo contrato de arrendamiento de la planta siderúrgica de Villa Hayes a la firma china HCME.
El contrato fue firmado recientemente entre las partes y la citada firma asiática anunció que invertirá cien millones de dólares en la planta, donde instalará una nueva línea de producción. Actualmente se encuentra en etapa de reacondicionamiento de la fábrica para reiniciar la producción.
En su escrito, el contralor le pide a Vinader que remita el contrato de arrendamiento de la explotación de Acepar suscrito con la empresa Henan Complant Mechanical & Electrical Equipament Group Co Ltd (HCME), acompañado de sus respectivas adendas, si las hubiere.
También solicita la garantía de fiel cumplimiento de contrato presentado por la firma arrendataria y los documentos de su constitución.
García requiere, igualmente, que envíe los datos de empresas que han manifestado interés en el arrendamiento de Acepar, acompañado de las respectivas ofertas.
SINDICATOS. Otro dato solicitado por el contralor es referente al alcance de la participación en las negociaciones de la coordinadora integrada por el Sindicato de Trabajadores y Obreros Siderúrgicos, el Sindicato de Trabajadores de Acepar y la Asociación de Funcionarios.
El titular de la CGR deja constancia que los documentos solicitados deberán ser remitidos en idioma español y en caso de estar redactado en otro idioma, deberán ser vertidos al español por un traductor público. Establece un plazo de diez días hábiles para la remisión del informe solicitado.
García recuerda que “el contralor general o quien lo sustituya para el cumplimiento de sus funciones, podrá requerir informes a cualquier ente u oficina sometida a su control e impartir las instrucciones pertinentes en el ámbito de su competencia”.
Agrega que el suministro de tales informes será obligatorio para los organismos y funcionarios públicos o privados a que se refiere en cada caso concreto, “so pena de incurrir en encubrimiento en los casos en que se comprobaren ilícitos”.
Por otra parte, Acepar sigue hundida en procesos judiciales derivados de su privatización y con un pasivo de alrededor de 50 millones de dólares y en espera de un fallo arbitral.