Quienes parieron a Chávez y a su brutal heredero fueron los neandertales de la política tradicional venezolana que no solo convirtieron corrupción e impunidad en rutina, sino que se jactaron de ello en la cara de los votantes. Tanta tocada de oreja (por decir lo menos) acumuló bronca y reventó en ese abandono suicida de una ciudadanía hastiada en los brazos del autócrata que prometía fumigar a la patria.
Uno podría suponer que las últimas reacciones espasmódicas de la sociedad paraguaya, esas que terminaron tumbando al ratero de oración y penitencia y al usurero del peluquín, habrían morigerado los arranques de prepotencia y las ínfulas de impunidad de los políticos criollos. Pero está visto que no, que la gavilla entendió que la supervivencia no pasa por cambiar actitudes, sino por reforzar los sistemas de protección corporativa.
Con ese único objetivo sancionaron una ley que, con la excusa de reglamentar la pérdida de investidura –que no es otra cosa que la expulsión de un legislador mediante juicio político–, convierte la destitución en quimera. Deja en manos de la Justicia Electoral –absolutamente subordinada a la clase política– la decisión de la expulsión, pero solo si logra sortear antes un entramado burocrático infernal al que solo le falta una bula del papa Bergoglio.
La Constitución es clarísima. La pérdida de investidura no es un juicio civil ni penal, es político. Su consecuencia es la separación del cargo y punto. Puede y debe ser sometido a este juicio quien incurra en cualquiera de las incompatibilidades para ejercer el cargo, o haga “uso indebido de influencias fehacientemente comprobado”.
El diputado que llame a un comisario para liberar una carga o a un juez para presionar en un caso, o el que use su “cupo” de funcionarios para incluir en la nómina a quienes trabajan en realidad en su casa hace uso indebido de su influencia. Y si la acción está grabada o fue reconocida por el propio legislador, en términos políticos está fehacientemente comprobada. Que la grabación tenga o no valor legal es una cuestión que importa en el ámbito penal, no en el político.
Se trata de sacar de las cámaras a quienes perdieron autoridad para ejercer la representación ciudadana. Quien pretenda torcer ese sentido constitucional solo busca protegerse de correr la misma suerte que los delincuentes que hoy están en capilla, porque cometió los mismos delitos… o porque pretende hacerlo.
Si los partidos quieren sobrevivir, más vale que arrojen a estas ratas al fuego de la Justicia o terminarán provocando una pira como la venezolana que acabará por consumirnos a todos. Y siempre habrá un Chávez esperando a la vuelta de esquina.
