El presidente Gabriel Boric, que apenas conoció la noticia reunió a su gabinete de crisis y condenó el atentado públicamente, se dirigió hacia el lugar, a más de 600 kilómetros al sur de la capital, acompañado de una delegación de representantes de los tres poderes del Estado, y llamó a la unidad política para enfrentar la situación.
El ataque contra los funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos tuvo lugar sobre la 1:30 horas (6:30 GMT), cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro. Murieron calcinados un sargento y dos cabos.
El conjunto de fuerzas políticas que integran el Parlamento chileno, desde la extrema derecha hasta el Partido Comunista, reaccionó y condenó el ataque múltiple, que coincidió el Día del Carabinero –el 27 de abril– a propósito del 97º aniversario institucional.
Todos los actos conmemorativos previstos para la jornada fueron suspendidos y, de forma espontánea, centenares de personas se manifestaron en el centro de Santiago en apoyo al cuerpo policial.
Polémica. En medio de la convulsión, se reabrió la polémica sobre si es momento para que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abandone su cargo tras la imputación de la Fiscalía por un eventual delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante las protestas de 2019.
Aunque esta misma semana el Gobierno, presionado, por una parte, del oficialismo, había anunciado que el jefe policial dejaría el cargo antes de su formalización (imputación del juez), prevista para el 7 de mayo, ayer varias autoridades pusieron en duda esta posibilidad.
En plena respuesta a los graves atentados y ante la insistencia de la oposición para que el director permanezca en el cargo, Boric señaló que “en esto todos somos necesarios, lo es también el General Yañez”. Antes la ministra del Interior, Carolina Tohá, había asegurado que ahora “no es el minuto de debilitar a Carabineros”.
