Dice la Constitución Nacional que la calidad de vida será promovida por el Estado, lo cual en nuestro país, y especialmente si observamos las denuncias del último mes referentes a las reguladas del transporte público, no pasa de ser un simple enunciado.
La denominada regulada de buses que en el último mes se ha visto reforzada en Asunción y el área metropolitana está comenzando a desgastar la infinita paciencia de los usuarios.
No se trata de un fenómeno reciente; de hecho que desde el año pasado se suceden las quejas por las escasas unidades de transporte y la interminable espera de los usuarios para poder llegar a sus lugares de trabajo y estudio; y de un servicio que es prácticamente inexistente en horario nocturno y los fines de semana. Los pasajeros están comenzando a reclamar por un servicio que siempre fue deficiente y que en las últimas semanas se ha vuelto insoportable, considerando que además de aguardar un bus sin saber si llegará alguna vez, los ciudadanos se encuentran expuestos a las conocidas manifestaciones de la inseguridad que reina en nuestras calles.
De acuerdo con el cálculo que algunos usuarios hacen, un mínimo de cuatro horas del día se pierden entre las largas esperas de los ómnibus y el cansino viaje en medio del caótico tráfico de todos los días. La situación es absolutamente inhumana. Trabajadores que deben volver a sus hogares, deben esperar por horas el transporte, para luego viajar en unidades que no ofrecen las comodidades mínimas y compartiendo el viaje en total hacinamiento.
Además de la irritante y frustrante espera, los usuarios están expuestos a los conocidos motochorros que con toda impunidad asolan las paradas de colectivo para llevarse carteras y teléfonos celulares. Las miles de personas que son víctimas de este sistema, que es sostenido por empresarios inescrupulosos con la complicidad de funcionarios públicos ineptos, son ciudadanos con derecho a una vida digna, pero que no tienen instancia alguna a la que acudir, pues no son una prioridad para los funcionarios públicos que trabajan en el Viceministerio de Transporte, los cuales defienden mejor los intereses de los empresarios que de los ciudadanos.
Prueba de esto último es el informe que fue remitido por el Viceministerio del Transporte, tras el amparo promovido por un ciudadano, el cual revela que las normativas establecidas por el Ministerio de Obras no garantizaban una frecuencia mínima de buses en el área metropolitana.
El documento reveló que la última resolución publicada por el ente regulador GVMT N° 223/2021, en el cual se establecen los parámetros y requisitos del rendimiento, con intervalos mínimos de 15 minutos, fue reemplazada por una nueva resolución, que extrañamente no fue publicada, y no garantiza frecuencias mínimas para el servicio.
Esta es una situación que en forma muy evidente permite una regulada permanente, y condena a los usuarios a esperas interminables. Vale decir que las empresas que reciben un subsidio para cumplir con las necesidades de transporte de la ciudadanía con la complicidad de los funcionarios del Gobierno hacen solamente lo que les conviene. Después de la denuncia del ciudadano, el Viceministerio del Transporte volvió a modificar la resolución, estableciendo nuevos parámetros de tolerancia y nuevas multas por el incumplimiento de los transportistas.
Los paraguayos tienen derecho a un servicio de transporte eficiente y seguro, pues es un servicio básico esencial para el bienestar de la población. Asegurar que el ciudadano accede a buenos servicios es responsabilidad y obligación del Gobierno cuya estructura es sostenida precisamente con el esfuerzo de los ciudadanos.