Las nuevas directrices, publicadas a última hora del domingo y recogidas hoy por medios locales, forman parte de los planes del régimen por “mejorar” la gestión de estas organizaciones y se conocen meses después de que Pekín aprobara una nueva ley para regular el trabajo de ONG extranjeras muy criticada por la comunidad internacional.
Con la aprobación de esta ley, que entrará en vigor en 2017, el Gobierno chino estrecha el control sobre el trabajo de las ONG, sus miembros y su financiación, ya que los grupos pasan a ser gestionados por la policía, que deberá aprobar sus actividades e interrogar a sus responsables si considera que se está poniendo en peligro la seguridad del Estado.
Ahora el Gobierno da un paso más y establece que grupos de iniciativa social -desde organismos semioficiales, fundaciones, sindicatos u ONG- contarán con miembros de la formación gobernante para garantizar el control del Partido.
“El Partido tendrá que jugar (...) un rol político en estas organizaciones sociales (...) para garantizar que estos grupos se desarrollan en el camino político correcto”, reza el documento oficial.
De acuerdo a estas nuevas normas, organizaciones que trabajan a nivel nacional tendrán que crear un grupo de miembros del Partido comunista mientras otras podrán comenzar incluyendo representantes de la Liga de Juventudes.
Los afectados recibieron hoy con preocupación la nueva noticia y consideran que es un paso más en el ataque del régimen contra la sociedad civil.
“Este tipo de regulación trata de legitimar la creación de sedes del Partido Comunista de China incluso en organizaciones que no son gubernamentales, lo que significa legitimar un mayor control sobre organizaciones sociales”, opina en declaraciones a Efe Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional.
Las nuevas directrices se enmarcan en la campaña de recorte de libertades emprendida por el presidente, Xi Jinping, desde su llegada al poder, en la que se han visto afectados desde abogados o feministas hasta extranjeros que trabajaban en ONG en el país, como el sueco Peter Dahlin, deportado el pasado enero.
