La recusación se presentó ayer poco antes del inicio de la audiencia, y fue efectivizada luego contra Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, quienes suspendieron la audiencia para elevar el informe al Tribunal de Apelación.
En su recusación habla del temor al Covid-19, por lo que solicitaron que las audiencias se hagan en forma más espaciada, pero que el Tribunal de Sentencia rechazó el pedido.
En su escrito, sostiene la parcialidad y la falta de independencia de los magistrados. Alega que supuestamente, por la presión mediática, ya hay una condena cantada.
Apunta que los jueces demostraron su parcialidad al rechazar el incidente de prescripción de la acción penal, con lo que los magistrados pretenden llegar a sentencia a “tambor batiente”.
Guachiré, bajo patrocinio del abogado Víctor Fidel Mujica, afirma también que luego de la suspensión porque el juez Héctor Capurro estaba con dengue, apareció en un deplorable estado de salud.
Es más, indica que se durmió en el juicio oral, y que según publicaciones periodísticas, no es la primera vez que se duerme en el juzgamiento de una causa.
Con ello, apunta que se violó el principio de inmediatez ya que el tribunal, en este caso Capurro, no percibe por medio de los sentidos, las pruebas que se presentan.
Luego habla del decreto de emergencia sanitaria, y que incluso existen funcionarios del Poder Judicial con sospechas de coronavirus, habían requerido el aplazamiento, pero no se dio.
Es más, dice que el tribunal de Sentencia actúa de manera irresponsable porque no suspende el juicio oral a raíz de la emergencia sanitaria.
Por otro lado, la defensa sostiene en su recusación que no existe riesgo de prescripción de la causa, según señala el propio tribunal de Sentencia, al rechazar el pedido de prescripción. Finalmente, aseguran que la defensa tampoco tenía la posibilidad de presentar escritos.
Con todos estos argumentos, la defensa de Guachiré solicita que los jueces sean apartados del juicio oral.
Tanto Camilo Soares, ex ministro de la SEN, como Alfredo Guachiré, son juzgados por supuesta lesión de confianza, a raíz de la presunta sobrefacturación en la compra de alimentos.