Sucesos

Camarista del caso Curuguaty acciona ante la Corte Suprema

 

El camarista Arnaldo Martínez Prieto planteó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), del 9 de octubre pasado, que le enjuició por haber sido uno de los que absolvió a los condenados por la matanza de Curuguaty.

La acción fue planteada ante la Sala Constitucional de la Corte integrada por los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Bareiro, aunque en su presentación habla de la conformación del pleno.

Ataca la resolución por la cual admitió su enjuiciamiento, tras la denuncia realizada por la fiscala general, Sandra Quiñónez, a raíz del fallo que dictaron con los camaristas Cristóbal Sánchez y Emiliano Rolón, que integraron la Sala Penal ante la inhibición de los ministros.

Sostiene que la ley del JEM limita el ejercicio de la defensa en juicio. Indica que el acto administrativo atacado quiebra la garantía de independencia del Poder Judicial, porque con ello, ningún magistrado querrá integrar la Corte por temor a ser enjuiciado.

Además, dice que quiebra la inmunidad constitucional prevista para proteger a los jueces en el ejercicio de sus funciones. Cita el artículo 255 de la Carta Magna, que prevé que los magistrados no podrán ser molestados por sus opiniones dadas en el ejercicio de sus funciones.

MOLESTIA. Remarca que se “busca desarrollar el proceso tendiente a mi destitución, por haber emitido mi criterio en un juicio, hoy aún inacabado, que ha molestado a algún sector del poder fáctico apañado por la Fiscalía General y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.

Dice que “ambas instituciones la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se han aliado para someter la independencia del Poder Judicial y de los jueces, en el curso inacabado del proceso”.

Cita “las vergonzosas destituciones del ex Gustavo Bonzi en el caso Luis Lindstron y de los ex jueces Recalde, Almada e Insfrán en el caso Ríos Ávalos, dicho de paso, célebre porque por resolución administrativa dictada por los miembros de la Corte ya inhibidos”.

Argumenta que al integrar la Corte, asumen responsabilidades de ministros, por lo que una entidad de inferior jerarquía que el Máximo Tribunal no puede enjuiciarlos.

Pide se admita la acción y se declare inconstitucional la denuncia por quebrar la independencia Judicial, limitar la competencia de la Corte, así como la admisión de la denuncia por tratarse de un magistrado que integró el Máximo Tribunal.

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