La apelación planteada por los fiscales Josefina Aghemo, Claudelina Corvalán, Luis Said y Osmar Legal contra la resolución del juez Marino Méndez, quien rechazó que se reabra la causa contra el senador cartista Javier Zacarías Irún y su familia por supuesto enriquecimiento ilícito, sigue paralizada en la Cámara de Apelaciones del Este.
Según explicaron desde el Ministerio Público, aún no se sorteó la conformación de los magistrados de Alzada, quienes deberán decidir si se da apertura al proceso mencionado, o si se archiva el mismo.
“No obra en ‘función del órgano’ (o sea de la intendencia), y consecuentemente no le son imputables. Se trata de un asesor externo (al órgano) cuya actividad consiste en dar consejos o brindar opiniones (por supuesto no vinculantes) a una persona que ejerce la función pública”, refiere parte del argumento del magistrado.
Por su parte, la fiscala Aghemo refirió que el razonamiento del juez, es total y absolutamente alejado al espíritu e intencionalidad de nuestra Ley Penal, donde señala que el funcionario público es “toda persona que ejerce una función pública conforme al derecho paraguayo”.
También agregó que la decisión de Méndez produce un agravio irreparable, teniendo en cuenta que dictó una resolución judicial que impide el ejercicio de la persecución penal, al rechazar la solicitud de reapertura de la presente causa.
Asimismo, los abogados Yolanda Paredes y Nicolás Manfredo Russo Galeano, también apelaron la resolución del juez del Este.
otro caso. Por otra parte, la Cámara de Apelaciones integrada por Aniceto Amarilla, Miryam Meza e Isidro González deberán resolver la serie de incidentes que planteó Zacarías y su esposa Sandra McLeod, en el marco de la causa que indaga una presunta lesión de confianza.
Cabe destacar que tanto Amarilla como Meza habían beneficiado a Ignacio Urbieta, sindicado como el cerebro de una presunta megaevasión de más de USD 276 millones en Ciudad del Este. Es decir, los mismos hicieron lugar a la prejudicialidad del caso planteado por la defensa y suspendieron el proceso penal contra Urbieta.
Los mismos argumentaron que se debe atender a lo que refiere la Ley Nº 4064/10 en su artículo 2, en cuanto a la evasión de impuestos: “no podrá ser ejercida sin que exista una resolución previa dictada por la autoridad administrativa competente, en este caso la Subsecretaría de Estado de Tributación”, refiere la resolución de la Segunda Instancia.
Pero el ex fiscal Martín Cabrera explicó que los hechos imputados, no necesitan de ninguna resolución extrapenal para su persecución, más aún si se trata de un hecho punible autónomo (en este caso, producción de documentos de contenido falso).
McLeod fue echada de la Municipalidad por las presuntas irregularidades en la Comuna, pero su esposo Zacarías Irún, sigue manteniendo su cargo como senador.
