Interior

Autoconvocados exigen destitución de juez y prisión para ZI

 

Un grupo de escrachadores autoconvocados instalaron desde ayer una carpa de la resistencia frente al Tribunal Penal de Ciudad del Este, para exigir la destitución de los jueces Marino Méndez y Fátima Burró, además de la prisión por enriquecimiento ilícito de Javier Zacarías Irún. Uno de los ciudadanos, Arturo Páez, afirmó que la medida de fuerza es por tiempo indefinido.

Los autoconvocados se sintieron afectados por la resolución judicial de Méndez que rechazó el pedido de reapertura de una causa por enriquecimiento ilícito contra el clan Zacarías.

Entre los denunciados se halla el senador, su esposa, Sandra McLeod, el ex gobernador Justo Zacarías Irún y su esposa, Rocío Abed, atendiendo a las 3 denuncias presentadas por los abogados Yolanda Paredes, Nicolás Russo y Miguel Ángel López, que habían sido anexadas a una denuncia anterior desestimada en el 2017.

Las publicaciones sobre inmuebles, creaciones de empresas con otros socios, aeronave, y bienes en el exterior adquiridos por los miembros del clan familiar, fueron la base para la denuncia, en la que se señala que el senador incrementó sus bienes por más de G. 10.000 millones en los últimos 13 años.

Pero el juez Marino Méndez sostiene que no se podía imputar al ex senador el hecho delictivo, ya que la doctrina del Derecho Administrativo y la Ley de la Función Pública no imputan a un asesor ad honórem como funcionario público, por lo que no podría atribuírsele el delito de enriquecimiento ilícito, según el argumento de su resolución.

TIEMPO RÉCORD. Páez denunció que Méndez interinó a su colega Burró, quien pidió permiso llamativamente, y en 6 horas ya quitó la resolución por la que rechazaba el pedido de reapertura de la causa contra Zacarías Irún. “Estamos golpeados por una resolución como esta, vamos a quedarnos por tiempo indefinido, porque tenemos que actuar como ciudadanos contra estos delincuentes. La jueza pidió permiso y entró el otro para interinar. Es imposible que en 6 horas lea la carpeta fiscal que como mínimo tiene 2.500 páginas, para quitar su resolución”, afirmó Páez.

Los manifestantes exigen que los agentes fiscales apelen la resolución judicial, para que finalmente se pueda realizar la investigación contra los denunciados.

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