Nuestro país cuenta desde hace siete años con una ley de “Protección integral a mujeres contra toda forma de violencia”, que precisamente tipifica como delito el feminicidio, y condena al autor de feminicidio a penas que van de 10 a 30 años de privación de libertad.
Se entiende que feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un agresor con el que la víctima hubiera tenido alguna relación, o con el que existiera algún parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley también reconoce como feminicidio el asesinato de la mujer como resultado de un ciclo de cualquier tipo de violencia hacia la víctima.
No obstante, a pesar de contar con una ley que considera penas de cárcel elevadas, los casos de violencia hacia la mujer y los feminicidios no han disminuido en el país. Y es por esta situación que las Naciones Unidas califica los feminicidios como una pandemia ignorada.
A nivel regional, de acuerdo con un informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un total de 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio, en 29 países latinoamericanos en el último año. Reconoce este informe que, a pesar de los avances, el feminicidio persiste como una realidad, y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución. La cifra de la Cepal representa al menos 12 muertes por violencia machista al día en la región.
A nivel mundial, un 56% de las alrededor de 81.000 mujeres y niñas asesinadas en el 2021, murieron a manos de sus parejas o de otros familiares. La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Anita Bhatia, reflexiona sobre estos impactantes datos y recalca el hecho de que un alto número de mujeres “no puede confiar en las personas con las que viven a diario”. Y afirma que, “si algo te está matando, eso es una emergencia sanitaria”, mientras insiste en pedir que también desde el punto de vista de la salud aporten recursos para combatir la violencia machista.
Paraguay cuenta con legislación actualizada, y con organismos que deberían dar respuestas ante la gravedad de la actual situación. Sin embargo, se muestran irresponsablemente impasibles ante la escandalosa reducción del presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer, lo que evidencia la escasa preocupación de quienes reparten los recursos del Estado con esta epidemia de muertes de mujeres.
Recordemos los datos aportados por una encuesta del INE, que señala que el 78,5% de mujeres de 18 años y más pasaron por algún tipo de violencia, al menos una vez a lo largo de su vida. La educación es el gran cambio que podría marcar una diferencia y evitar que las mujeres sigan siendo objeto de violencia. La violencia machista solamente podrá ser erradicada cuando la sociedad las reconozca como personas, con derechos y dignidad.
