La acusación había solicitado a la jueza Loretta Preska, del tribunal sur de Manhattan, que diera 30 días de plazo para que Argentina empezara a pagar la indemnización y los intereses a los que fue condenada en la sentencia favorable a las empresas demandantes Grupo Petersen y Eton Park, despojadas de sus acciones en la nacionalización de la petrolera, entonces controlada por la española Repsol, en 2012.
“Sería una violación extraordinaria de la cortesía internacional, permitir la ejecución de la sentencia de 16.100 millones de dólares en este caso en un plazo artificialmente limitado” y “generaría litigios innecesarios y caóticos”, alegan los abogados de Argentina en un escrito a la jueza con fecha del 27 de septiembre.
El abogado Robert Giuffra, que firma el petitorio, recuerda que el bufete de abogados Burford Capital, que compró el litigio a una de las empresas demandantes, Grupo Peterson, ha vendido el 38,75% de su participación en el caso a terceros, “cuya identidad ni siquiera ha sido revelada”.
La sentencia equivale a casi el 20% del presupuesto de la República para 2023, sostiene la defensa, que asegura que el “pago de tal proporción del presupuesto de un país no sería posible para ningún gobierno en el plazo que proponen los demandantes”.
“No hay certeza de que el pago de la sentencia, una vez efectuado, pueda recuperarse, un resultado insostenible dado que la apelación de la República plantea cuestiones jurídicas difíciles para el Tribunal de Apelaciones”, agregan. AFP
